El caso, que comenzó como un procedimiento administrativo de rutina, derivó en una investigación interna que dejó al descubierto un accionar indebido y generó fuerte repercusión en la zona.
El episodio tuvo lugar en el puente internacional que conecta ambas ciudades, uno de los principales pasos fronterizos entre Paraguay y Argentina. Allí, durante un control habitual, la jefa de turno decidió retener un cachorro de raza pomerania perteneciente a la pareja, argumentando que no contaban con la documentación sanitaria exigida para el ingreso de animales al país.
Según se informó, los propietarios no presentaron los certificados requeridos por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), organismo que regula el ingreso de mascotas al territorio argentino. La normativa vigente en el Mercosur establece que estos trámites deben gestionarse previamente en el país de origen, en este caso a través del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), que certifica el estado sanitario de los animales.
En condiciones normales, la falta de documentación puede derivar en la retención preventiva del animal o en la imposibilidad de cruzar la frontera, siempre bajo procedimientos estrictamente regulados. Sin embargo, en este caso, la funcionaria no siguió los protocolos establecidos. En lugar de mantener al animal bajo custodia oficial o activar los mecanismos correspondientes, decidió trasladarlo a su domicilio particular, lo que constituye una falta grave.
La irregularidad fue detectada a partir de una investigación administrativa interna iniciada tras la denuncia del hecho. Las averiguaciones confirmaron que la funcionaria actuó por fuera de los procedimientos, lo que motivó su inmediata remoción del cargo.
Tras conocerse el resultado de la investigación, el cachorro fue recuperado y devuelto a sus propietarios, quienes finalmente pudieron reunirse con su mascota luego del episodio. Desde la Dirección General de Aduanas emitieron un comunicado en el que ofrecieron disculpas públicas por lo ocurrido y reafirmaron su compromiso con el cumplimiento de las normas.
Asimismo, el caso fue puesto en conocimiento de la Gendarmería Nacional Argentina, que interviene ahora en la investigación penal para determinar si corresponde avanzar con sanciones judiciales contra la funcionaria involucrada.
El episodio generó un fuerte impacto en la zona de frontera, donde el tránsito de personas y mercancías es constante. Además, reavivó el debate sobre la necesidad de reforzar los controles internos y garantizar el correcto accionar de los funcionarios públicos, especialmente en puntos estratégicos.
Al mismo tiempo, el caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de cumplir con los requisitos sanitarios y administrativos al momento de trasladar mascotas entre países. La normativa busca prevenir riesgos sanitarios y proteger tanto a los animales como a la población, pero su aplicación debe realizarse siempre dentro del marco legal y con apego a los procedimientos establecidos.
SE VE QUE EN TODAS PARTES LOS «inspectores» SON LO MISMO QUE YA CONOCEMOS….. ES LA MAFIA PERO CON PLAQUETITAS…. Y DESPUES ¡TE CONTROLAN!