“Hay que discutir con responsabilidad”Gabriel “Chifle” Molina

Sutel advierte por “riesgos a futuro”y cuestiona la propuesta de inversión privada

La propuesta del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, de habilitar mecanismos para que ciudadanos uruguayos puedan invertir en empresas públicas como Antel o UTE, abrió un debate que trasciende lo económico y se instala en el plano político, institucional y social. 

Aunque en los últimos días el planteo mostró matices -pasando de la posibilidad de emitir acciones a esquemas de participación en determinados negocios-, desde el Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel) advierten que aún persisten interrogantes de fondo.

En entrevista con Diario La R , el presidente de Sutel, Gabriel “Chifle” Molina, expresó una postura crítica, centrada no solo en el contenido de la propuesta sino también en sus implicancias a futuro y en la forma en que fue presentada. “Son temas muy delicados”, insistió en varios pasajes, y remarcó que “todo lo que se haga hoy tiene consecuencias hacia adelante”.

Para Molina, el debate no puede reducirse a una herramienta financiera puntual. “No es solo una idea técnica, es una definición de país, de qué rol queremos que tengan nuestras empresas públicas”, planteó. En ese sentido, advirtió que decisiones mal diseñadas o sin suficiente regulación pueden abrir puertas difíciles de cerrar. “Si no está bien controlado, puede venir otro gobierno y hacer lo que vos no querés hacer”, sostuvo.

Una mirada desde la historia reciente

El dirigente enmarcó la discusión actual en una trayectoria histórica que, a su entender, es clave para comprender las resistencias sindicales. Recordó el proceso de reformas de los años noventa y el referéndum para anular la Ley de Empresas Públicas en 1992, el cual frenó la privatización de empresas públicas.

“El 13 de diciembre de 1992 la población con su voto defendió las empresas públicas. Fue una gesta enorme”, afirmó. Y agregó: “En aquel momento, en toda América Latina los vientos neoliberales arrasaron con todo. Privatizaron hasta lo impensado. Uruguay fue una excepción”.

Molina señaló que ese episodio marcó un límite político y consolidó una identidad en torno a lo público. “Eso no fue casualidad. Fue el esfuerzo de los trabajadores y del pueblo uruguayo, que demostró que las empresas públicas no sólo eran viables, sino necesarias”, indicó.

En esa línea, también recordó intentos posteriores de apertura en el sector de las telecomunicaciones, como los artículos incluidos en leyes presupuestales a comienzos de los 2000. “Más de 700.000 firmas obligaron a retirar esos artículos. Eso también es parte de esta historia”, sostuvo.

Para el dirigente, estos antecedentes explican por qué cualquier iniciativa que implique modificar la estructura o el funcionamiento de las empresas públicas genera reacciones inmediatas. “No es un reflejo automático, es memoria colectiva”, resumió.

Críticas a la falta de diálogo

Uno de los puntos más reiterados por Molina fue la crítica a la forma en que se instaló la propuesta. Según afirmó, no existieron instancias formales de consulta o intercambio previo con el sindicato.

“¿No hubiera sido mejor juntarnos antes de tirarlo públicamente?”, cuestionó. Y añadió: “Cuando sos parte de un gobierno y tenés estas ideas, lo primero que tenés que hacer es abrir espacios de diálogo”.

El dirigente remarcó que, si bien existen contactos informales, eso no sustituye una discusión estructurada. “Intercambios telefónicos hay siempre, pero esto amerita otra cosa. Amerita sentarse, discutir, ver los pros y los contras”, señaló.

Además, consideró que la falta de coordinación interna dentro del propio gobierno también contribuyó a generar incertidumbre. “Se nota que hay descoordinación. Uno dice una cosa, otro se sorprende, después se cambia. Eso genera preocupación en la gente”, afirmó.

Para Sutel, esta forma de proceder no solo afecta la calidad del debate, sino que también impacta en la percepción pública. “Hay gente muy molesta y preocupada con lo que escuchó. Nos llamaban para respaldar el comunicado del sindicato”, indicó.

Del planteo original al cambio de enfoque

Molina explicó que la reacción inicial del sindicato estuvo vinculada a la idea de emitir acciones de empresas públicas, lo que implicaría cambios estructurales profundos.

“Para vender acciones tenés que modificar la Constitución. Son entes autónomos, no sociedades anónimas”, explicó. “Eso implica privatizar, aunque sea parcialmente”, agregó.

Sin embargo, reconoció que posteriormente el planteo evolucionó. “Ahora ya no se habla de acciones. Se habla de algunos negocios donde podría haber inversión”, señaló.

A pesar de ese cambio, el dirigente insistió en que la falta de definiciones concretas mantiene las dudas abiertas. “¿En qué negocios? ¿Con qué reglas? ¿Con qué controles? Eso no está claro”, afirmó.

¿Quiénes podrían invertir?

El dirigente también puso en cuestión la idea de democratizar la inversión en empresas públicas. “¿Qué uruguayo puede invertir realmente? Yo no puedo”, afirmó.

En ese sentido, advirtió sobre el riesgo de que actores de mayor porte utilicen mecanismos indirectos para participar. “Detrás de cada uruguayo puede haber una multinacional. ¿Quién va a controlar eso si Antel está en competencia?, cuestionó.

Para Sutel, este punto es central: sin mecanismos claros de control, la apertura podría derivar en una pérdida gradual de control estatal.

El contexto competitivo de Antel

Molina subrayó que cualquier análisis debe considerar la realidad específica de Antel, que compite en un mercado abierto frente a grandes empresas internacionales.

“Antel no está sola, está compitiendo con multinacionales que tienen espalda global”, señaló. “Eso hace que cualquier decisión tenga que ser mucho más cuidadosa”, agregó.

El dirigente recordó que la empresa logró consolidarse a pesar de ese contexto. “En 2007 ya tenía más del 50% del mercado. Creció en competencia, no a pesar de ella”, indicó.

También destacó que las telecomunicaciones cambiaron radicalmente en las últimas décadas. “Hoy no es solo telefonía. Es internet, datos, contenidos. Es otro mundo”, explicó.

En ese escenario, consideró que introducir actores privados en determinadas áreas podría alterar equilibrios delicados. “No es lo mismo abrir un negocio nuevo que tocar algo que ya está en competencia”, afirmó.

Una empresa en expansión

Molina destacó el desarrollo de Antel como empresa pública, tanto en infraestructura como en presencia internacional. Mencionó la red de fibra óptica, los cables submarinos y las operaciones en el exterior.

“Antel tiene una infraestructura que no la tiene cualquiera”, sostuvo. “Tenemos seis cables submarinos, tenemos fibra en todo el país. Eso no es casualidad”, agregó.

Según el dirigente, este crecimiento demuestra que la empresa puede expandirse sin necesidad de modificar su carácter público. “Puede seguir creciendo, puede hacer negocios afuera, puede traer recursos al país”, afirmó.

Preocupación por el largo plazo

Uno de los ejes más fuertes del planteo de Molina es la mirada hacia el futuro. Para el dirigente, el problema no es solo la intención actual del gobierno, sino las posibles derivaciones.

“No quiere decir que lo quieran hacer, pero puede pasar”, señaló sobre una eventual privatización encubierta. “El tema es dejar las puertas abiertas”, agregó.

En ese sentido, insistió en que las decisiones deben pensarse en términos de continuidad institucional. “Todo lo que hagas hoy tiene que estar bien atado. Porque después viene otro y lo usa para otra cosa”, advirtió.

Molina vinculó esta preocupación con experiencias pasadas. “Ya pasó que intentaron cosas que la gente no quiso. No podemos volver a eso por otra vía”, afirmó.

Reclamo de participación sindical

Finalmente, el dirigente remarcó que el sindicato no busca bloquear el debate, sino formar parte de él. “No estamos diciendo que no a todo. Estamos diciendo que queremos discutir”. En ese sentido, adelantó que Sutel solicitará reuniones con autoridades del gobierno y de Antel. “Queremos saber exactamente de qué se trata y dar nuestra opinión”, explicó.

Para Molina, la participación de los trabajadores es clave para evitar errores. “Tenemos conocimiento, tenemos experiencia. Podemos aportar”, señaló. Al mismo tiempo, dejó en claro que el sindicato mantendrá una postura vigilante. “Si entendemos que va para otro lado, haremos lo que tengamos que hacer”, advirtió.

Un debate que seguirá abierto

La discusión sobre el futuro de las empresas públicas y los posibles mecanismos de inversión privada continúa en desarrollo. Mientras el gobierno ajusta su propuesta, desde el movimiento sindical se insiste en la necesidad de claridad, diálogo y garantías.

“Hay que discutir esto con responsabilidad”, concluyó Molina. “Porque no es un tema más. Es el modelo de país que queremos”.