El Gobierno espera poder avanzar durante el próximo año con un paquete de privatizaciones que abarca más de una decena de empresas estatales. El objetivo declarado es doble: ofrecer “una nueva impronta” al sector privado y, al mismo tiempo, obtener recursos frescos para robustecer las reservas del Banco Central.
Dentro de esa estrategia, se encuentran en proceso de transformación y venta organismos y compañías de peso estratégico, como la Administración de Infraestructura Ferroviaria, la Administración General de Puertos, Contenidos Públicos, Edu.Ar y la Empresa Argentina de Navegación Aérea. También están incluidas Fabricaciones Militares, la Operadora Ferroviaria, Radio y Televisión Argentina, Casa de Moneda y Télam.
A la lista se suman empresas donde el Estado tiene participación decisiva o control directo, entre ellas Transener, las represas hidroeléctricas y AYSA, la firma que administra el servicio de agua potable y saneamiento en el Área Metropolitana. Para el Gobierno, estas compañías representan activos que podrían revalorizarse bajo gestión privada y reducir el peso del gasto público.
Para hacer viable el proceso, la Casa Rosada completó el programa de transformación de Sociedades del Estado (SE) en Sociedades Anónimas (SA). Este paso es clave porque coloca a las firmas bajo el régimen de la Ley General de Sociedades, equiparándolas —al menos formalmente— con compañías privadas.
El último movimiento se registró este viernes, cuando se inscribió en el Registro Público la transformación de “Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (SE)” en “Ferrocarriles Argentinos Sociedad Anónima Unipersonal (SAU)”. Con ello, el Ejecutivo dio por cerrado el capítulo administrativo necesario para iniciar procesos de apertura de capital o venta total.
La medida se apoya en el artículo 48 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, firmado por el presidente Javier Milei. Ese artículo dispuso que todas las sociedades con participación estatal, sin importar su forma jurídica previa, se transformaran en SA para operar “en igualdad de condiciones” con empresas privadas y sin prerrogativas públicas especiales. El Ejecutivo sostiene que esto facilitará la llegada de inversiones, mejorará la gestión y reducirá la interferencia política.
Sin embargo, el programa abre un debate profundo. Sectores opositores y sindicatos advierten sobre el riesgo de pérdida de control estatal en áreas estratégicas —energía, transporte, comunicaciones y recursos— y alertan sobre eventuales impactos en tarifas, empleo y cobertura de servicios. El oficialismo replica que, en muchos casos, las empresas acumulan déficits crónicos y requieren subsidios que el Estado ya no está en condiciones de sostener.
La mira del Gobierno está puesta especialmente en los sectores de energía y transporte. Allí se incluyen Corredores Viales —que administra cerca de 9.000 kilómetros de rutas—, la empresa energética Enarsa, Intercargo, que presta servicios aeroportuarios y ya despertó interés de un grupo francés, y la Vía Navegable Troncal, conocida como Hidrovía, un punto clave para la salida de exportaciones.
El cronograma previsto combina distintas modalidades: privatizaciones totales, concesiones a largo plazo, asociaciones público-privadas y, en algunos casos, ventas parciales de participación accionaria. Cada caso deberá atravesar evaluaciones técnicas, definiciones regulatorias y, en varios expedientes, aprobación legislativa o judicial.
En paralelo, el Ministerio de Economía trabaja en informes de evaluación y esquemas de transición operativa para evitar interrupciones de servicios. El desafío central será convencer a potenciales inversores en un contexto de volatilidad financiera y, a la vez, garantizar que los ingresos por privatizaciones no se diluyan sin impactar de manera sostenible en las reservas.
En los próximos meses, la discusión promete intensificarse en el Congreso, en los tribunales y en la calle. Para el Gobierno, el éxito del plan puede convertirse en uno de los pilares de su programa económico. Para sus críticos, el riesgo es abrir la puerta a desinversiones, concentración y pérdida de autonomía en sectores clave. El resultado final, todavía incierto, marcará el rumbo del vínculo entre Estado y mercado en la próxima etapa del país.
Claro, hay que favorecer a las pobres empresas privadas, tan tiradas que están…Las que envían sus ganancias al exterior y jamás reinvierten un peso en el país. La privatización viene acompañada de una suba desenfrenada de tarifas, ya que las empresas (nuevas dueñas) quieren recuperar enseguida lo que gastaron. Y baja notoriamente la calidad del servicio. Los apagones que se dieron en Buenos Aires en más de una oportunidad, afectando a millones de personas son un claro ejemplo. Si bien esto es una noticia de Argentina, sirve de ejemplo para nuestro país. En 1992 el gobierno de Lacalle Herrera recibió un revolcón histórico al fracasar su proyecto de privatizar todo. Y justametne a mdo de ejmplo, por algo más de un mes se logró privatizar el servicio de agua potable al sur de Canelones. La diferencia de precios con OSE era atroz: el agua costaba 7 veces más cara…
Hay servicios que conviene privatizar y otros no Privatizar el agua es una barbaridad pero privatizar la recogida de basura es posible que sea necesaria Depender de un sindicato como ADEOM ya sabemos que puede ocurrir