La Cámara de Diputados de Paraguay sancionó, con 53 votos a favor, 8 en contra y 4 abstenciones, el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés) suscrito entre la República del Paraguay y los Estados Unidos de América. Este instrumento, firmado originalmente el 15 de diciembre de 2025 en Washington, establece el marco jurídico para regular la presencia temporal de personal militar, empleados civiles del Departamento de Defensa y contratistas estadounidenses en territorio paraguayo, en el contexto de actividades de cooperación bilateral en materia de defensa y seguridad.
El acuerdo fue remitido inmediatamente al Poder Ejecutivo tras completar su circuito legislativo ya que el Senado ya lo había ratificado la semana anterior y el presidente Santiago Peña lo promulgó al día siguiente, el 11 de marzo, durante su asistencia a la ceremonia de asunción de José Antonio Kast en Chile, en presencia del Secretario de Estado Adjunto de EE.UU., Christopher Landau. La rápida promulgación subraya la prioridad que el gobierno le otorga a esta alianza.
¿Qué regula exactamente el SOFA?
El texto define reglas claras y recíprocas sobre aspectos operativos, jurisdiccionales y administrativos. Entre los puntos clave se encuentran la presencia temporal autorizada para ejercicios militares conjuntos, entrenamientos, intercambio de conocimientos, asistencia técnica, operaciones humanitarias y otras actividades acordadas mutuamente.
También inmunidades y privilegios similares a los diplomáticos para el personal estadounidense como exención de ciertas leyes locales en materia penal (EE.UU. puede ejercer jurisdicción primaria sobre delitos cometidos por sus miembros), exenciones fiscales y aduaneras, y facilidades logísticas.
No se contempla la instalación permanente de bases militares ni operaciones de combate independientes; el gobierno paraguayo enfatiza que no implica “operaciones conjuntas” permanentes ni cesión de soberanía territorial. El ministro de Defensa, Óscar González, aclaró que el acuerdo solo facilita el ingreso y protege el marco legal para misiones puntuales.
El oficialismo defiende la medida como una “obligación estratégica” en un contexto regional de creciente amenaza por parte del crimen organizado transnacional, el narcoterrorismo y el contrabando. Paraguay enfrenta desafíos en la Triple Frontera (con Brasil y Argentina), donde operan grupos como el PCC, el Clan del Golfo y remanentes del EPP. La cooperación con EE.UU. —que ya incluye programas de entrenamiento y asistencia— se presenta como esencial para fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en línea con la agenda de “Escudo de las Américas” promovida por Washington en la región.
Polémica y críticas de la oposición
La aprobación generó fuerte rechazo en sectores opositores, movimientos sociales y analistas independientes. Se critica principalmente la concesión de inmunidades, que podría limitar la capacidad de la justicia paraguaya para juzgar delitos cometidos por personal estadounidense, evocando casos históricos en otros países donde SOFAs generaron impunidad. Algunos lo califican como una “entrega de soberanía” o un paso hacia una mayor injerencia norteamericana, especialmente en un momento en que EE.UU. busca contrarrestar la influencia china y rusa en América Latina.
Durante el debate en Diputados, legisladores recordaron la incoherencia del cartismo, sector dominante en el oficialismo. Años atrás, el mismo movimiento criticaba duramente a Estados Unidos y defendía la “soberanía absoluta”. La votación mayoritariamente colorada resaltó esta paradoja política.
La ratificación ocurre en un escenario donde Paraguay mantiene una relación privilegiada con Washington bajo la administración Peña. Este participó recientemente en cumbres regionales afines a esta visión, y el acuerdo se enmarca en esfuerzos por reforzar la seguridad hemisférica frente a amenazas no convencionales.
Fuentes del gobierno, indican que el SOFA no representa subordinación, sino pragmatismo. Paraguay gana acceso a entrenamiento avanzado, inteligencia compartida y recursos que difícilmente podría obtener por sí solo. Críticos, sin embargo, advierten riesgos a largo plazo: dependencia estratégica, posible uso de territorio para operaciones ajenas a intereses nacionales y erosión de la autodeterminación.
