Cuba aprueba nuevas reformas que abren la economía a la inversión privada y extranjera

Cuba atraviesa una crisis económica que se ha intensificado en los últimos años, agravada por el bloqueo económico y financiero impuesto por Estados Unidos. En este contexto, el gobierno de la isla aprobó un amplio programa de reformas económicas que busca liberalizar y descentralizar parcialmente el modelo vigente. 

Las pequeñas y medianas empresas, autorizadas en 2021, ya se han convertido en un actor relevante de la economía cubana, especialmente en el comercio minorista y el transporte cotidiano.  Desaparece el límite de 100 trabajadores por empresa, por lo que se autorizarán compañías de mayor tamaño.

Además, los cubanos podrán poseer más de una sociedad. La inversión extranjera ya no estará restringida a empresas mixtas con el Estado, sino que podrá invertir directamente en el sector privado. El gobierno también promete reducir la burocracia para la creación de nuevas empresas. Las empresas estatales se transformarán en sociedades comerciales y se eliminará la escala salarial estatal, para dar paso a acuerdos firmados a nivel empresarial.

Uno de los anuncios más relevantes es la autorización para que operen bancos privados, bajo supervisión del Banco Central, con las mismas regulaciones que los estatales. También se permitirá la creación de instituciones financieras privadas y de microcrédito con capital nacional o extranjero.

Se eliminan restricciones para los pagos en divisas entre empresas con participación extranjera y proveedores locales, y se habilitan cuentas en moneda extranjera sin autorizaciones especiales.  Las remesas de los cubanos en el exterior, fuente vital para muchas familias, ya no pasarán exclusivamente por el Estado, y se autorizará a privados operar casas de cambio.

Por primera vez, los cubanos residentes en el exterior podrán invertir directamente en la isla en condiciones similares a las de los inversores extranjeros. Se reducirán los trámites burocráticos, se flexibilizarán las cuentas bancarias fuera del país y se ampliarán los plazos de usufructo y derechos de superficie, que en algunos casos podrán extenderse hasta 99 años.

Se autoriza la inversión extranjera en zonas patrimoniales como La Habana Vieja y se elimina la obligación de contratar trabajadores a través de entidades estatales intermediarias. Además, los cubanos residentes en la isla o en el exterior podrán comprar inmuebles estatales «caso por caso» y adquirir propiedades en zonas con alto potencial turístico.

La crisis energética ha sido recurrente, y las reformas buscan aumentar el suministro permitiendo la participación privada y extranjera en la compra y venta de combustible, incluido el mercado minorista. 

Se establecen incentivos fiscales para la inversión en energías renovables, como paneles solares, que se han multiplicado en los últimos dos años. En el sector agrícola, las tierras siguen siendo propiedad del Estado, pero podrán ser explotadas por privados mediante usufructo por un período indefinido, en actividades agropecuarias, forestales, tabacaleras y agroturísticas.

Las cooperativas podrán importar combustible directamente, realizar comercio exterior sin intermediarios estatales, gestionar financiamiento internacional y abrir cuentas bancarias en el exterior.

Uno de los cambios más sensibles afecta el histórico sistema de subsidios universales. El gobierno anunció que comenzará a sustituir gradualmente los beneficios generalizados por ayudas focalizadas dirigidas exclusivamente a personas y familias vulnerables.

Esto impactará especialmente en la libreta de abastecimiento, un mecanismo creado hace décadas para garantizar productos básicos a precios subvencionados. Las reformas buscan concentrar la asistencia estatal en los sectores más necesitados y reducir el peso fiscal de los subsidios generalizados.

El turismo, uno de los sectores estratégicos, también experimenta cambios. Se incorporarán nuevos inversores y modelos de negocio, y se permitirá la expansión internacional de franquicias cubanas. Se autorizan proyectos inmobiliarios en todas las zonas turísticas, incluyendo La Habana, para captar capital extranjero y generar ingresos para una industria que aún no recupera los niveles previos a la pandemia.