En Uruguay, un paciente con una enfermedad grave puede recibir la indicación de un médico especialista para un medicamento que no está incluido en la cobertura del Fondo Nacional de Recursos (FNR). Ante esa situación, el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el FNR responden con la ley de que solo pueden financiar prestaciones que hayan sido evaluadas técnicamente e incorporadas previamente a los listados oficiales.
Esa decisión administrativa deja al paciente con dos opciones, una es costear el tratamiento de su bolsillo -algo imposible para la mayoría, ya que hablamos de decenas de miles de dólares mensuales- o recurrir a la justicia mediante una acción de amparo. Este mecanismo, regulado por la Ley 16.011, permite reclamar al Estado la provisión de un medicamento o dispositivo cuando se considera que se vulnera el derecho constitucional a la vida y a la salud.
El caso del virólogo Gonzalo Moratorio, quien solicitó un fármaco oncológico de 30.000 dólares mensuales, puso en el centro del debate público una problemática que afecta a cientos de uruguayos. Al respecto la Dr. Alicia Ferreira, presidenta alterna del FNR, explicó que el organismo solo puede financiar medicamentos previamente incorporados tras un largo proceso de estudio técnico, que incluye análisis de evidencia clínica, costo-beneficio e impacto presupuestal. «Por ley no podemos brindar medicamentos fuera de cobertura», sostuvo. Agregó que habilitar excepciones sin ese filtro comprometería la sostenibilidad del sistema y generaría inequidades.
Sin embargo, para el paciente que enfrenta una enfermedad oncológica, neurológica o rara, los plazos de evaluación estatal pueden resultar fatales. En este caso, la respuesta judicial suele ser distinta a la administrativa. Los jueces, al interpretar la Constitución, fallan por derecho. En la práctica, la jurisprudencia mayoritaria ha establecido que cuando está en juego el derecho a la vida y el Estado no desvirtúa la eficacia del tratamiento reclamado, los derechos fundamentales prevalecen sobre los argumentos formales o económicos.
En 2025 se presentaron más de 2.400 acciones de amparo por medicamentos y tratamientos de alto costo, y el Estado desembolsó alrededor de 143 millones de dólares para cumplir sentencias. Ferreira, sostuvo a Brecha que los juicios crecen año a año y que “los precios abusivos” que imponen algunos laboratorios son “escandalosos y desesperantes”.
Analistas sostienen que el sistema de salud tiene que actualizar los listados de medicamentos de alto costo ya que muchos tratamientos aprobados por agencias internacionales como la FDA o la EMA demoran años en ser evaluados en Uruguay. Cuando finalmente se incorporan, ya existen terapias más innovadoras. Como resultado, el Estado termina perdiendo juicios que de antemano sabe que perderá, y pagando sumas millonarias que podrían evitarse con una actualización periódica del Plan Integral de Atención en Salud (PIAS).
Entonces, «¿alto costo o alto precio?», ¿se gasta más de lo que se puede invertir?. El problema de fondo no es solo si el medicamento resulta costoso a la hora de la compra y por ende la venta, sino que para determinar eso, el sistema se toma años evaluando evidencia clínica, costo-beneficio, impacto presupuestal. Para cuando se da el visto bueno, el fármaco ya no es novedad y los pacientes empeoran o mueren.
La salida de los familiares es por la vía judicial. Si el Estado destinara una fracción de lo que hoy pierde en juicios a modernizar la forma en que evalúa los medicamentos, tal vez los números darían vuelta. La tecnología va en constante ascenso, el procesamiento de datos y la inteligencia artificial ya se usan en otras partes para agilizar este tipo de análisis optimizando resultados en tiempo récord. Aquí lo que está claro es que el debate no puede quedarse en los números. Porque hay precios que no están en las listas, y son los más altos de todos.
La salud: ALTO NEGOCIO.