Desde las fuertes manifestaciones estudiantiles de protesta de abril del 2018 en Nicaragua se inició allí una de las más fuertes destrucciones del tejido social universitario que haya acontecido en América Latina en toda su historia, agravada por además por la baja formación y cobertura terciaria y un nivel de desarrollo educativo más limitado.
La génesis de esta catástrofe ha tenido su acelerador en la respuesta gubernamental ante las manifestaciones estudiantiles y de la sociedad civil en 2018 y que se aplacaron a balazos limpios en las calles con más de 358 muertos. Desde entonces hasta ahora ha habido una política continua de control y reducción de la vida académica, con cientos de docentes expulsados y 23 universidades cerradas e intervenidas.
El poder legislativo promulgo una serie de leyes para imponer el control de las universidades, cambiando la Ley de Autonomía y el Consejo Nacional de Universidades (CNU) pasó a ser el órgano administrativo de la educación superior bajo el control de la dictadura. Todo ello creó un andamiaje jurídico de control y dominación sobre la vida universitaria para imponer la cancelación de la personalidad jurídica de las universidades, la expropiación de sus activos y la expulsión de estudiantes y profesores. La Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría sandinista y a petición del Ejecutivo, ilegalizo 14 centros de estudios superiores y otros ocho centros de estudios hasta ahora han sido disueltos por el Ministerio de Gobernación.
El Parlamento creó tres nuevos centros de educación superior con los documentos e infraestructuras expropiadas sin ninguna compensación a seis universidades privadas ilegalizadas y que fueron traspasados al Estado según una norma creada para tal fin sobre los organismos sin fines de lucro. La autonomía universitaria y los aparatos de control y supervisión colegiados pasaron a ser estatales con sus autoridades designadas directamente por el Gobierno de Ortega. Incluso dos muy antiguas universidades comunitarias y multiculturales, la Universidad Uraccan y la Universidad Biwi, gestadas en los inicios de la Revolución y que expresan a las comunidades de la costa atlántica y la diversidad étnica y cultural de esos pueblos y regiones, también perdieron su autonomía y sus autoridades pasaron a ser nombradas por los ámbitos políticos oficiales del nuevo Consejo de Universidades y la Agencia de Acreditación. El cierre de múltiples universidades privadas incluyo a varias instituciones directamente dependientes de la curia y de las diócesis católicas de varias ciudades. Hasta Caritas fue cerrada. También universidades evangélicas y de otras orientaciones no católicas. La prohibición lisa y llana de la sociedad civil llevo al cierre de más de 3200 ONG.
Los bienes de las universidades privadas y religiosas fueron expropiados y sus estudiantes y toda la documentación de sus estudios transferidos a las universidades estatales, cuando no desaparecida la de muchos activistas estudiantiles que perdieron todas sus historias académicas. Docentes, estudiantes y autoridades que habían sido encerrados en las mazmorras del régimen familiar de los Ortega desde las luchas estudiantiles y de la sociedad civil, hace unas semanas fueron expulsados del país y se les quito formalmente su nacionalidad, se les confiscó sus bienes y se los transformó en apátridas.
La pérdida de capital cultural, que en el país ya era muy escasa, está retrotrayendo a Nicaragua a niveles inconcebibles y de muy difícil comparación a escala mundial que empobrecerán más aún a un país casi en el último lugar de la región antes de Haití. La política de tierra arrasada al estilo de Atila de los Hunos hace más de 1500 años, hasta llevaron a protestas por parte de la Iglesia y el Papa Francisco que en general tienen a preferir posiciones menos confrontativas. La respuesta gubernamental ha sido entre demencial y surreal, y recientemente se prohibieron las expresiones religiosas tradicionales de Semana Santa en un país fuertemente católico. No solo se prohíbe enseñar y se impone el control estatal político de la enseñanza, sino que se limita la libertad de cultos y de expresión.
Las Universidades de América Latina y los estudiantes, tan proclives muchas veces a protestas irracionales o infantiles están mostrando muy poca solidaridad con los miles de estudiantes, docentes y profesionales expulsados y perseguidos, la autonomía conculcada, las universidades cerradas y sus bienes confiscados.
Nicaragua no está lejos, y veremos más fuertemente los impactos de esta violación de derechos con más migraciones, caravanas de desplazados, más pobreza y desorden socioeconómico y político. Es otro éxito del llamado socialismo real o mejor definido como dictadura lisa y llana y que a tantos de nuestras costas inspirara no hace mucho y que hoy los mantiene silenciosos. (Made by Human)
