La crisis política en el seno de la FIFA ha alcanzado una dimensión inédita tras el frustrado intento de su presidente, Gianni Infantino, de abrir las puertas a la privatización parcial de los derechos comerciales de la Copa del Mundo.
Aunque la conducción del organismo rector del fútbol mundial decidió retirar la controvertida propuesta denominada FIFA Forward Enterprise (FFE) y admitir fallas en el procedimiento, la maniobra desencadenó una contraofensiva legal y política sin precedentes por parte de dirigentes, asociaciones y confederaciones continentales que exigen una rendición de cuentas profunda y la salida del dirigencialismo discrecional.
El detonante de la escalada jurídica se produjo con la denuncia formal presentada ante la Comisión de Ética de la FIFA por Miguel Ángel Galán, presidente de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte.
El escrito, de 23 páginas, solicita la apertura inmediata de un expediente disciplinario e investigación contra Infantino. La demanda pone la lupa sobre el entramado financiero diseñado para ceder una participación minoritaria del mayor activo del fútbol global a inversores privados.
Galán exige esclarecer qué bancos de inversión, asesores jurídicos y consultores financieros intervinieron en el proyecto, bajo qué mandatos operaron, cuáles fueron sus honorarios y si se ofrecieron incentivos económicos a ciertas federaciones para volcar votos a favor de la iniciativa.
La denuncia no se limita al aspecto mercantil. El documento amplía los señalamientos al ámbito de la ética institucional, pidiendo auditar la creación e impartición del “Premio de la Paz de la FIFA” concedido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como las circunstancias que rodearon la revocación de la sanción disciplinaria al delantero estadounidense Folarin Balogun durante la última cita mundialista.
Según Galán, estas actuaciones podrían configurar severas presuntas infracciones al Código Ético de la FIFA en sus artículos 14 (deberes generales), 20 (conflicto de intereses) y 26 (abuso de cargo). A la par del frente ético-judicial, el bloque político se fracturó drásticamente. En una carta conjunta de dureza inédita, la UEFA, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y la Concacaf acusaron de forma directa a Infantino de «engaño» y de haber roto los lazos de confianza con las asociaciones miembro.
Los presidentes de dichas confederaciones: Aleksander Ceferin, Salman bin Ibrahim Al Khalifa y Víctor Montagliani; enfatizaron que el conflicto trasciende lo económico para tocar la integridad de la gobernanza. Para los firmantes, el reconocimiento de «errores» por parte de la cúpula ejecutiva resulta insuficiente, advirtiendo que el apresuramiento en la tramitación del proyecto no fue una casualidad formal, sino una conducta orientada a eludir el escrutinio del Consejo de la FIFA.
Las tres confederaciones objetaron además la reunión de urgencia celebrada en Rabat para abordar el tema, argumentando que se prescindió de los representantes de las asociaciones nacionales para dar espacio únicamente a la estructura ejecutiva del organismo. Asimismo, rechazaron categóricamente que la propia administración de la FIFA encabece la revisión interna anunciada, exigiendo una auditoría externa plenamente independiente.
La misiva sintetizó el malestar general con una frase categórica: “No es la conducta de un custodio del juego, sino de alguien que cree que el juego le debe responder a él”. El cisma expone una profunda reconfiguración del mapa político del fútbol internacional de cara a las elecciones presidenciales de la FIFA en marzo de 2027.
Aunque la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y la Conmebol han ratificado su respaldo a la continuidad de Infantino, el frente común articulado por Europa, Asia y Concacaf marca el punto de inflexión más complejo desde su llegada al cargo en 2016, abriendo un escenario de desenlace incierto sobre el futuro del mando global del deporte.
