Lavalleja gastó 55 mil dólares en La Joaqui

Mientras varias intendencias del interior denuncian dificultades para sostener servicios básicos, el gobierno departamental de Lavalleja sorprendió con un gasto de 55 mil dólares para contratar a La Joaqui, la cantante argentina de trap y reguetón, en el marco de los festejos de Minas. El dato no pasaría de ser una anécdota presupuestal si no reflejara, como advierten algunos, una tendencia preocupante: el desequilibrio entre la situación financiera de las intendencias y sus decisiones de gasto.

El evento, ampliamente promocionado por la comuna, buscaba “acercar la cultura popular a la gente” y “dinamizar la actividad local”, según comunicó la Intendencia. Sin embargo, el desembolso generó malestar entre vecinos, funcionarios y actores políticos que cuestionan el uso de recursos públicos en un espectáculo de este costo, especialmente cuando los números del departamento —como los de muchos otros— muestran signos de asfixia financiera.

Cuentas en rojo y gastos en alto volumen

Lavalleja, como otros departamentos del interior, enfrenta una situación presupuestal delicada. Las recaudaciones han caído, el costo del mantenimiento urbano se disparó y el peso de la masa salarial creció en los últimos años. A eso se suma la dependencia estructural del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI), que muchas veces llega tarde o se ve condicionado por los ritmos de ejecución del gobierno nacional.

En este contexto, gastar 55 mil dólares en una artista de música urbana no parece una decisión menor. Es, según cifras que trascendieron, uno de los cachés más altos pagados por una intendencia uruguaya en 2025. Para ponerlo en perspectiva, equivale a más de dos meses del salario de toda una cuadrilla de limpieza municipal, o al presupuesto anual de un pequeño centro cultural barrial. Los críticos apuntan a la falta de prioridades y al simbolismo político detrás de la contratación. “No es solo una cuestión contable: es un mensaje. Mientras los comedores barriales dependen de donaciones y los caminos rurales se inundan, se destinan 55 mil dólares a un show de una cantante cuyo repertorio roza la apología del delito”, señaló un edil opositor del Partido Nacional.

Cultura o populismo cultural

El debate no es nuevo. Desde hace años, las intendencias de todo el país —sin distinción de partido— recurren a figuras mediáticas para animar festivales, ferias o aniversarios. Pero el caso de Lavalleja encendió una chispa particular: la contratación coincidió con el desembarco del Frente Amplio en el gobierno departamental, tras décadas de hegemonía blanca. “Llegó el FA a Lavalleja y se nota”, ironizan en redes los opositores, sugiriendo que el nuevo tono cultural de la comuna se inclina hacia una estética más “urbana”, alejada del perfil tradicional del interior. Desde el oficialismo, en cambio, defienden la apuesta como una forma de diversificar la oferta cultural y atraer público joven. La Joaqui, referente del movimiento urbano argentino, acumula millones de reproducciones en plataformas digitales. Su estilo combina trap, reguetón y letras que narran realidades duras de los barrios. Sin embargo, no faltan las voces que señalan que su música —tumbera y explícita— rompe la línea entre la representación y la glorificación de la marginalidad, y que su contratación por una institución pública contribuye a normalizar discursos vinculados a la violencia o la cultura narco.

Entre el show y la gestión

Lo que está en juego no es solo el gusto musical, sino la lógica con la que se administran fondos públicos. En tiempos donde las intendencias reclaman mayores partidas al gobierno central y la OPP advierte sobre el endeudamiento creciente de varios gobiernos departamentales, este tipo de gastos reabre un debate incómodo: ¿qué es inversión cultural y qué es derroche?. En Lavalleja, los vecinos consultados muestran opiniones divididas. Algunos celebran el evento por la convocatoria —más de 10.000 personas asistieron al recital— y por el impacto económico que generó en bares, puestos y alojamientos locales. Otros, en cambio, creen que la fiesta “fue pan para hoy y hambre para mañana”. “Traer a La Joaqui está bien si hay plata. Pero si después no hay combustible para los camiones de recolección o no se arreglan las calles, algo está mal”, comenta un comerciante del centro de Minas.

Una foto del país

El caso Lavalleja podría ser apenas un síntoma de algo más grande. En los últimos años, varias intendencias —de todos los colores— han sido observadas por gastos poco transparentes en festivales, giras o contratos artísticos sin licitación. En un país donde la descentralización es bandera, la rendición de cuentas cultural sigue siendo un punto ciego. El desembolso por La Joaqui llega, además, en un momento donde los gobiernos departamentales reclaman una redistribución más equitativa del presupuesto nacional, argumentando que la inflación y los nuevos costos sociales los dejan sin margen de maniobra. Pero mientras tanto, las decisiones siguen siendo locales, y los recursos, escasos. En este marco, el episodio deja una pregunta abierta: ¿es posible hablar de cultura popular financiada por el Estado sin revisar su sentido y sus límites? ¿O estamos frente a un nuevo tipo de populismo cultural, que busca adhesión inmediata a costa de debilitar las arcas públicas?. Más allá de las simpatías musicales o partidarias, el hecho evidencia un problema de fondo: la desconexión entre el discurso de austeridad y las prácticas reales de gestión. En departamentos donde se postergan obras y servicios, un recital de 55 mil dólares no es solo una fiesta: es una señal de prioridades.

Y mientras tanto, la frase que circula entre los vecinos —con sorna y decepción— resume la sensación general: “Lo peor es que canta tumbero… después nos quejamos de normalizar narcos.”