Uruguay fue considerado como país de tránsito, pero cada día se tiene mayor evidencia que ello ya no es solamente así.
Forma parte de la ruta de la droga hacia los centros de alto consumo, especialmente Europa pero padece también de los efectos domésticos del narcomenudeo, producto de la comercialización de la pasta base. Y ese proceso se ha verificado de manera muy dinámica, dando lugar a la proliferación de bandas, la instalación de kioscos de venta y la generación de disputas territoriales que inciden de manera notable en la evolución de la violencia urbana y la tasa de homicidios.
De acuerdo con datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ONUDD, en el 2021 la tasa de homicidios del país fue de 8,9 por cada 100 mil habitantes. Este valor está por debajo del promedio de América Latina, que exhibe una tasa del 19.9, la cual es la más alta del mundo. Pero el elemento clave que se debe tomar en cuenta es la evolución en el tiempo de la tasa de homicidios que registra nuestro país, la cual trepó un 37% entre el año 2012 y el año 2022.
El ministro del interior, Luis Alberto Heber destacó que los homicidios suceden principalmente en Montevideo y Canelones y afirmó que la incidencia del accionar de los grupos criminales vinculados al narcotráfico permite explicar el 52% de los homicidios.
El narcotráfico está instalado y la vertiente que más nos afecta, es el impacto del narcomenudeo, que promueve la expansión del consumo y la droga dependencia, especialmente en jóvenes cada vez más cerca del límite con la infancia. Esta dinámica contribuye a fracturar las familias y genera dramas cotidianos, que incrementan la inseguridad en los barrios y hacen posible la irrupción de una tipología de delitos, que ya está fuertemente instalada en otras ciudades de muchos países latinoamericanos.
Es bien sabido que los adictos financian el costo de sus dosis, muchas veces cometiendo robos y arrebatos, ante lo cual, el clima de la seguridad ciudadana se deteriora en forma muy notoria y las cárceles se llenan con delincuentes primerizos que sucumben ante la pulsión de la necesidad por acceder al financiamiento de sus dosis.
Pero la prisión actúa como una hoja de guillotina que marca un antes y un después. Los sujetos quedan estigmatizados, y su futuro social, escolar y laboral seriamente comprometidos.
Este es un tema que amerita un análisis en profundidad, que escapa a esta charla, pero sí quiero dejar en claro, que en nuestra región este problema tiene una considerable antigüedad.
Y que desde que se ha alentado la guerra frontal al narco delito, miles y miles de personas han muerto en México, Centroamérica, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y muy recientemente, en Argentina donde las cifras de la ciudad de Rosario son sumamente alarmantes, al igual que las que se registran en muchos partidos del conurbano bonaerense, tales como San Martín, La Matanza, Moreno, Merlo, etc.
Y lamentablemente, Uruguay no es una excepción.
Una política de estado que privilegie la guerra abierta, ha servido de argumento de campaña a partidos políticos predominantemente de derecha, que simplifican este fenómeno y no consideran la multiplicidad de dimensiones que observa. A la genuina preocupación de los ciudadanos, le prometen respuestas basadas en la aplicación de la mano dura.
Recientemente los presidentes de México y Colombia abordaron esta temática y enfatizaron la necesidad de considerar el problema de las drogas con un enfoque centrado en los derechos humanos, en el cuidado del ambiente, en el respeto por las tradiciones indígenas y campesinas, la salud mental, la protección comunitaria y el combate a la desigualdad social.
Respecto a la cuestión de las drogas resaltan la necesidad de considerar las causas estructurales, tales como la desigualdad, la falta de oportunidades y la violencia. Por ello consideran fundamental promover proyectos de desarrollo a nivel de las comunidades. Los mandatarios de ambos países coincidieron en impulsar políticas públicas orientadas a reducir la demanda de drogas y romper los vínculos entre el narcotráfico y otros delitos como el tráfico de personas, lavado de activos, tala ilegal, tráfico de armas y corrupción. El énfasis en desarrollar estrategias de naturaleza multidimensional, dándole especial importancia al diseño y gestión de proyectos desde los ámbitos municipales y locales, adquiere en tal sentido una relevancia fundamental para estructurar políticas orientadas a mejorar las condiciones de la seguridad ciudadana. El problema debe abordarse entonces desde una perspectiva que no se agote únicamente en un modelo centrado en el uso de la fuerza, el cual es necesario considerar para desalentar el delito y proteger a los ciudadanos, pero insuficiente si se cree que con ello basta para superar un problema de escala regional y global, que no puede enfrentarse con el formato tradicional de la doctrina de la seguridad nacional.
