Pedofilia y políticas públicas

El 30 de marzo del año en curso, el presidente de la República Luis Lacalle Pou manifestó en forma pública su apoyo al senador Gustavo Penadés y expresó su confianza hacia quien, por aquél entonces, afirmaba su inocencia frente a las acusaciones de pedofilia.

Lo mismo hicieron varios representantes del Partido Nacional que manifestaron su apoyo a Penadés, entre los cuales se encontraban el ministro del interior Luis Alberto Heber y el canciller Francisco Bustillo. Lo propio hizo la presidenta departamental del Partido Nacional en Montevideo, la señora Laura Raffo, quien no dudó en manifestar su confianza en que la justicia aclararía la comprometida situación de Penadés. Y en términos parecidos se pronunció Jorge Gandini, quien en las redes sociales señaló que Penadés … es un compañero al que respeto y una persona digna y honorable…

El caso podría interpretarse como un desafortunado episodio en el que por ligereza y solidaridad mal comprendida, se incurrió en un fallido intento para proteger un personaje que los hechos examinados por la justicia, se encargarían de demostrar que había incurrido en reiteradas ocasiones en la comisión de prácticas aberrantes.

Es muy lamentable que solamente cuando suceden este tipo de situaciones, un tema tan delicado como lo es la pedofilia, adquiera la debida notoriedad. 

La pedofilia sucede en forma permanente y provoca daños inmensos entre quienes la padecen. Y el caso es que las víctimas son muchas más de lo que habitualmente se tiende a suponer.

En la relación pedófila, hay una franca desigualdad. 

El pedófilo, impone el dominio físico sobre el menor objeto del abuso, pero además ejerce sobre su víctima un acto de sometimiento, que puede reforzarse con amenazas, regalos y otros ardides para asegurar su silencio. 

La pedofilia es un acto de poder.

Los pedófilos pueden actuar en forma solitaria, amparados por los entornos familiares y sociales en los que se mueven y al mismo tiempo, sacando partido de la vergüenza que genera el acto en la víctima, buscando de ese modo un manto de complicidad. 

Además de actuar como depredadores solitarios, lo hacen al amparo de marcos institucionales, donde a la autoridad del sujeto, situación evidente en el caso de Penadés, se le adiciona la complicidad del poder que emana de la organización en la que se encuadra. Esa organización contribuye a ocultar, legitimar, tolerar o disimular el sometimiento. Algo de ello aconteció con las manifestaciones de solidaridad del entorno de Penadés, ante una situación de asimetría ostensible. Pero lo grave del caso, es la naturaleza pública de los sujetos que expresaron su apoyo y solidaridad.

Los pedófilos amparados por el manto de complicidad de estructuras tolerantes, envejecen acumulando en el universo de sus hazañas sexuales, el sometimiento del otro como ejercicio autoritario.

El Código Penal uruguayo en su artículo 125 establece penas de reclusión de tres a diez años a quien promueva o facilite la corrupción de menores, aunque exista consentimiento de la víctima. Y prevé penas de seis a quince años de prisión cuando la víctima sea menor de trece años. Pero, independientemente de la edad, dichas penas se aplicarán en tanto el acto sea llevado a cabo mediante engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad…

El marco penal está definido, pero para mitigar estas prácticas deben diseñarse y ponerse en operación estrategias de educación, de comunicación, de amparo efectivo al denunciante. Deben promoverse instancias para promover la toma generalizada de conciencia a nivel de la sociedad toda, acerca de los inmensos daños y perjuicios que significa la tolerancia hacia este tipo de delitos. Estas prácticas deben dejar de gozar del manto de temas tabú para ser abiertamente difundidas como uno de los grandes riesgos existentes para los niños y jóvenes. 

Los hechos indican que los pedófilos toman la iniciativa para poner fin a su deseo de manera muy excepcional. Hay distintas categorías de pedófilos. Por un lado están los depredadores solitarios, que actúan esencialmente en contextos domésticos. 

Para el caso de los pedófilos que actúan al amparo de organizaciones que son permisivas con sus prácticas, tal como es el caso de colegios, internados, clubes deportivos, especialmente aquellos en los que se promueve el alojamiento de jóvenes provenientes de otras localidades las medidas deben ser definidas profesionalmente. 

Estamos frente a un hecho extendido y complejo. Y es mucho más grave de lo que la sociedad está dispuesta a aceptar. 

La Organización Mundial de la Salud, OMS ha sostenido con estadísticas, que uno de cada cinco menores, sufre abuso sexual antes de cumplir los 17 años. El caso es que en Europa, Estados Unidos y Canadá, el 20% de los niños y niñas han sido abusados sexualmente. Si esta es la envergadura del fenómeno, cabe preguntarse por qué un problema de esta magnitud no es objeto de estrategias de política explicitas. 

La pedofilia cobra notoriedad solamente cuando aparecen casos altisonantes como es el episodio protagonizado por Penadés. Pero el problema de fondo es la práctica cotidiana, silenciosa y masiva que va mucho más allá de las estadísticas por la naturaleza vergonzante del delito.

Es necesario asumir que más allá de los Penadés, en nuestras sociedades la pedofilia es un problema real que debe incorporarse en la agenda política de los temas a ser abordados mediante políticas activas, que también deben involucrar a las organizaciones de la sociedad civil. La educación debe jugar un papel fundamental y resulta lógico promover un programa explícito de carácter interinstitucional que articule a los Ministerios de Salud y de Educación como rectores de un marco institucional y normativo en esta materia. En Alemania ha tenido lugar una experiencia que consiste en promover una campaña para convencer a los pedófilos o a aquellas personas que sienten esta atracción, para que se inscriban en un tratamiento confidencial, incluso si han abusado de un menor. Y los médicos que participan en el mismo, aseguran que está teniendo mucho éxito. 

Existe un sector de pedófilos que permanece en calidad de grupo oculto, porque se trata de pedófilos célibes. Mantienen su atracción en forma secreta. Es un grupo bastante más grande de lo que habitualmente se cree y hay investigaciones que sugieren que comprende entre el 3 y el 5% de los hombres de todos los sectores socioeconómicos. 

De lo anterior se concluye que el caso Penadés, más allá de la indignación que pueda promover, debe servir para despertar la conciencia ciudadana acerca de la importancia de impulsar de manera activa y profesional políticas de prevención de la pedofilia, fundadas en quitarle el carácter de tema tabú a este problema, para asumirlo como una cuestión explícita de salud pública. 

Sería muy deseable que el próximo gobierno que tome las riendas de nuestro futuro en Uruguay incorpore esta temática en su agenda, pues se trata de un problema de enorme trascendencia para el bienestar público.