La presidenta de Perú, Dina Boluarte, enfrenta serias acusaciones judiciales relacionadas con las muertes ocurridas durante las protestas que siguieron a su cuestionado ascenso al poder a fines de 2022. La Fiscalía de la Nación ha presentado una denuncia contra Boluarte por «homicidio calificado», sumando también a varios exfuncionarios del gobierno en la acusación. Esta denuncia, que incluye graves alegaciones de violaciones a los derechos humanos, llega tras tres días de manifestaciones en Lima, organizadas por los familiares de las víctimas de la represión.
La denuncia se centra en los eventos ocurridos entre el 7 de diciembre de 2022 y el 9 de febrero de 2023 en diversas regiones del país, incluyendo Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín, Ucayali, Puno, Lima y La Libertad.
Durante este período, se reportaron 44 muertes, con 41 víctimas por disparos y 3 por golpes con objetos contundentes.
Además, hubo 116 personas heridas, de las cuales 78 fueron por disparos, 27 por golpes, 6 por bombas lacrimógenas y 5 por otros objetos.
El Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía ha llevado la acusación al Poder Legislativo, señalando también a Alberto Otárola, presidente del Consejo de Ministros y exministro de Defensa; y a Víctor Herrera Rojas y Vicente Romero Fernández, exministros del Interior. Los cargos incluyen homicidio calificado en modalidad de comisión por omisión impropia y dolo eventual, en el marco de graves violaciones de los derechos humanos, con víctimas como Álex Rojas Vásquez, de 19 años; Teófilo Ramírez Ortega, de 59 años; y Miguel Ángel Velasquez Chilingano, entre otros.
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Otra protagonista de la gritería de FRAUDE y en defensa de DDHH en Venezuela..