La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, resolvió desplazar a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, luego de que trascendiera que el funcionario había accedido a un crédito hipotecario otorgado por el Banco Nación.
De acuerdo con fuentes oficiales, la decisión no estuvo vinculada a una objeción sobre el acceso al préstamo en sí mismo, sino al impacto político que generó la operación. En el entorno de la ministra se evaluó que se trató de una decisión de “alto perfil” que debió haber sido consultada previamente, dado el contexto de creciente sensibilidad pública en torno a los beneficios otorgados a funcionarios.
La salida de Massaccesi se produce en medio de una polémica que viene escalando en las últimas semanas, a partir de la difusión de información sobre créditos hipotecarios concedidos a dirigentes del oficialismo y funcionarios de distintos niveles del Estado. El tema no solo generó repercusiones mediáticas, sino que también derivó en pedidos de investigación en el Congreso.
El punto de inflexión fue la publicación de datos provenientes de la Central de Deudores del Banco Central, recopilados por el sitio “¿Cuánto deben?”. A partir de ese relevamiento, comenzaron a circular nombres de funcionarios que accedieron a créditos de montos elevados, lo que encendió el debate sobre la transparencia y equidad en el acceso a estas líneas de financiamiento.
Entre los casos más destacados aparece Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía Luis Caputo, quien figura con un crédito inicial de más de $373 millones otorgado en febrero de 2025. También se menciona a Federico Furiase, actual secretario de Finanzas y exdirector del Banco Central, con una deuda cercana a los $367 millones, y a Pedro Inchauspe, también vinculado al Banco Central, con un crédito superior a los $510 millones.
A estos nombres se suman otros funcionarios y dirigentes, como Juan Pablo Carreira —conocido en redes como “Juan Doe”—, quien ocupa la Dirección Nacional de Comunicación Digital; Emiliano Mongilardi, director de YPF; y legisladores de La Libertad Avanza, entre ellos Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero y Lorena Villaverde, con deudas que, según los datos disponibles, oscilan entre los $230 millones y los $279 millones.
La magnitud de los montos y el perfil de los beneficiarios alimentaron cuestionamientos desde distintos sectores políticos. En particular, el diputado socialista Esteban Paulón presentó un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo, solicitando detalles al Ministerio de Economía, a la Jefatura de Gabinete y al directorio del Banco Nación.
El legislador puso el foco en la necesidad de garantizar transparencia en la asignación de créditos desde la banca pública. “Si bien es cierto que los bancos suelen ofrecer condiciones preferenciales a clientes vinculados, resulta llamativo el otorgamiento de préstamos de gran magnitud a funcionarios y legisladores, especialmente en determinados contextos políticos”, sostuvo.
Además, Paulón planteó interrogantes sobre el momento en que algunos de estos créditos fueron concedidos, sugiriendo que en ciertos casos coincidieron con afiliaciones partidarias o votaciones relevantes en el Congreso, lo que —según advirtió— amerita un análisis más profundo.
Desde el oficialismo, en tanto, se evitó realizar declaraciones públicas extensas sobre el tema. En el Ministerio de Economía no respondieron consultas periodísticas, mientras que desde el Banco Central optaron por mantener silencio.
Por su parte, el Banco Nación salió a defender su operatoria a través de un comunicado institucional. La entidad aseguró que el proceso de otorgamiento de créditos es “homogéneo y sin excepciones”, y que se basa en criterios técnicos de evaluación crediticia.
El banco también destacó su rol predominante en el mercado hipotecario argentino, señalando que nueve de cada diez créditos de este tipo son otorgados por la institución. Desde el relanzamiento de las líneas hipotecarias, informó haber concedido más de 27.000 préstamos.
Asimismo, explicó que existen líneas específicas destinadas a empleados públicos, como el programa “+Hogares sector público”, que permite financiar hasta el 90% del valor de una propiedad, en comparación con el 75% de las líneas generales. Estas condiciones responden, según la entidad, a políticas orientadas a clientes que perciben sus ingresos a través del sistema bancario estatal.
Sin embargo, desde el ámbito financiero surgieron cuestionamientos respecto a la equiparación entre empleados públicos de carrera y funcionarios políticos. Algunos especialistas señalan que estos últimos pueden tener menor estabilidad laboral, lo que debería ser considerado en el análisis de riesgo crediticio.
En este contexto, la salida de Massaccesi aparece como una señal política por parte del Gobierno, orientada a contener el impacto de la controversia. Si bien no se cuestionó la legalidad del crédito, la decisión de Pettovello refleja la preocupación por el costo reputacional que pueden tener este tipo de situaciones.
El episodio también pone en evidencia un dilema más amplio: el rol de la banca pública en contextos de alta sensibilidad social. Mientras una parte de la sociedad enfrenta dificultades para acceder a la vivienda, la difusión de créditos millonarios otorgados a funcionarios puede generar percepciones de desigualdad o privilegio, incluso cuando las operaciones se ajusten a la normativa vigente.
A medida que avancen los pedidos de informes y eventuales investigaciones, el foco estará puesto en determinar si existieron condiciones preferenciales indebidas o si, por el contrario, se trató de operaciones enmarcadas en criterios generales.
En cualquier caso, el tema ya se instaló en la agenda pública y política. La transparencia en el manejo de recursos y en la operatoria de la banca estatal aparece como un eje central del debate, en un contexto donde la confianza en las instituciones es un activo cada vez más sensible.
La evolución del caso no solo tendrá implicancias administrativas o judiciales, sino también políticas. La respuesta que brinde el Gobierno, así como el nivel de información que se haga público, serán determinantes para definir si la polémica logra ser contenida o si, por el contrario, se profundiza en los próximos meses.
