El sentido común —alimentado por décadas de abandono estructural, crisis penitenciarias y reincidencias que parecen confirmar un destino inevitable— indica que “la cárcel no rehabilita a nadie”. Sin embargo, detrás de esa frase se esconde un dilema mayor: ¿es la rehabilitación un objetivo imposible o es, simplemente, un objetivo al que nunca se le ha dado la oportunidad real de funcionar?
El sistema penitenciario uruguayo ha transitado durante años entre la saturación, la violencia interna y la falta de infraestructura. Las cárceles, salvo excepciones puntuales, continúan reproduciendo un modelo que combina hacinamiento, escasa oferta educativa, trabajo insuficiente y ausencia de programas integrales de salud mental. Pedir que ese ecosistema genere ciudadanos capaces de reinsertarse es como exigirle a un incendio que devuelva oxígeno limpio.
Aun así, el debate público a menudo se concentra en el aumento o endurecimiento de penas, dejando en segundo plano la pregunta que realmente define la seguridad ciudadana: ¿qué ocurre con las personas cuando recuperan la libertad? Uruguay libera cada año a miles de personas que vuelven a sus barrios con los mismos problemas —o agravados— que los llevaron al delito: adicciones, exclusión educativa, falta de habilidades laborales, ausencia de redes familiares y sociales. Si no se interviene ahí, la cárcel se convierte en un paréntesis estéril, una pausa costosa que no modifica el rumbo.
La evidencia internacional es contundente: los programas de capacitación laboral, educación formal, apoyo psicológico y seguimiento post penitenciario reducen la reincidencia de forma significativa. No se trata de indulgencia, sino de eficacia. Países con sistemas carcelarios robustos no lograron aumentar la seguridad aumentando el castigo, sino disminuyendo el retorno al delito. En otras palabras: la rehabilitación no es un gesto humanitario accesorio, sino un componente central de la política criminal.
Uruguay posee experiencias valiosas, como los módulos de trabajo formal, cooperativas intramuros, planes de estudio secundarios y terciarios, o dispositivos de tratamiento de adicciones. Pero estas iniciativas, que suelen mostrar resultados promisorios, conviven con una realidad desigual: la mayoría de las personas privadas de libertad no accede a programas sostenidos ni a condiciones dignas para transitar un proceso de cambio.
El desafío, entonces, no es conceptual sino político: asumir que la rehabilitación debe ser una prioridad presupuestal y estratégica. Eso implica profesionalizar al personal, ampliar espacios educativos, fomentar alianzas con el sector privado y organizaciones sociales, y fortalecer los mecanismos post carcelarios que hoy operan con recursos mínimos. Reinsertar no es liberar: es acompañar, orientar y ofrecer oportunidades concretas.
En un país que discute seguridad con pasión, tal vez sea hora de mirar el problema desde su raíz y no desde su síntoma. La verdadera política de seguridad no comienza con la cárcel: empieza en el momento en que alguien sale de ella. Y si ese momento llega vacío de herramientas, el ciclo se repite.
Rehabilitar no es un acto de buena voluntad. Es, sencillamente, la única política criminal que garantiza el futuro.
Siiiiii. Más reeducación, más rehabilitación, más reinserción. Viejo curro que lleva más de quince años de prédica y con cada vez peores resultados.
Si Hay que hacer el intento La criminalidad tiene en algunos casos que ver con el factor económico y en otros casos no como el agresor sexual de menores Saber quienes pueden volver a la sociedad sin representar un peligro y quienes no
Si la Justicia quiere seguridad para sus integrantes también deben aceptar que la Sociedad lo exige Va este mensaje asimismo para los parlamentarios
POR FAVOR !! NO ME CAGUEN A MENTIRAS…LA UNICA FORMA ES PENAS LARGAS Y CADENA PERPETUA…LA VAN A PENSAR DOS VECES….AHORA, SI ALGUIEN SABE COMO REHABILITAR PRESOS, QUE SE LOS LLEVE A SU CASA Y SE HAGA CARGO…