Hace 18 meses que el influencer de 27 años Marcos Ernesto «Yao» Cabrera fue detenido en la provincia de Córdoba y cumple arresto por procesamiento luego de que la Cámara Federal de Casación Penal rechazara el recurso presentado por su defensa y confirmara su condena a cuatro años de prisión. La sentencia abarca delitos de extrema gravedad: trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, además de reducción a la servidumbre, todos cometidos mediante una estructura organizada que operaba bajo el nombre VIRAL/WIFI.
El caso conmocionó al país no solo por la magnitud de los delitos, sino también por la enorme audiencia del acusado: 35 millones de seguidores, con una proporción significativa de niñas, niños y adolescentes de entre cinco y 15 años. Su influencia digital amplificó el impacto del caso y puso en el centro del debate la vulnerabilidad de los menores dentro de las redes sociales.
La investigación, que nació tras denuncias por explotación, avanza ahora sobre maniobras financieras sospechosas que involucran a varios creadores de contenido del entorno VIRAL/WIFI. La Justicia apunta a una estructura profesionalizada de captación de dinero, ocultamiento de activos y posible evasión.
La causa judicial que involucra al influencer uruguayo Yao Cabrera —ya condenado por trata de personas, explotación y reducción a la servidumbre— comenzó a transitar una nueva etapa: la investigación por lavado de activos, que según fuentes judiciales avanza “con una velocidad inusual” debido a la acumulación de pruebas financieras, testimoniales y peritajes contables.
La jueza federal Nada Flores Vega habilitó recientemente la ampliación del expediente para investigar una red de movimientos económicos opacos, donde figuran otros influencers de alto perfil, entre ellos Candela Díaz, Kevin Macri, Diego Llamazares, Irupe Cabrera, Matías Cabrera, Ulises Magic y Juan Pablo Torres Barbot. Todos ellos integraban, con distintos grados de participación, el ecosistema digital VIRAL/WIFI, conocido por combinar contenidos virales, streamings y eventos con actividades de convocatoria masiva de jóvenes y menores.
Según trascendió en despachos judiciales, los investigadores detectaron transferencias circulares, pagos en efectivo no bancarizados, compras de inmuebles y vehículos a nombre de terceros, y contratos publicitarios sin sustento documental. Todo esto encendió alarmas sobre posibles maniobras de ocultamiento de origen de fondos,blanqueo mediante sociedades pantalla,evasión impositiva,uso irregular de billeteras digitales para captar ingresos de seguidores, en varios casos menores de edad.
Peritos contables de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) analizan ahora más de 60.000 movimientos electrónicos recopilados desde 2020, período coincidente con el funcionamiento de la llamada “Mansión WIFI”, donde ocurrieron —según la justicia argentina— abusos sexuales, corrupción de menores y facilitación de drogas durante la pandemia.
Para los investigadores, el caso ya no se limita a Cabrera como figura individual, sino que apunta a una estructura digital con fines económicos, responsable de administrar un flujo millonario proveniente de publicidad no declarada,donaciones en vivo (“streams”),venta de merchandising,eventos presenciales,contratos de marcas sin registro fiscal,actividades privadas cobradas a fans menores de edad.
Esta dimensión colectiva obliga a la Justicia a extender los pedidos de información a plataformas internacionales, fintech, bancos y empresas de marketing digital.
Los abogados de Cabrera y de los otros involucrados califican las medidas como “excesivas” y sostienen que se trata de un “hostigamiento mediático-judicial contra creadores de contenido”. Sin embargo, en Tribunales descartan esa lectura y remarcan que los movimientos patrimoniales no se condicen con los ingresos declarados, un elemento clave en delitos de lavado.
Con la causa penal principal ya ratificada por Casación, los fiscales consideran que el expediente de lavado podría derivar en nuevas imputaciones, embargos preventivos e incautación de bienes, lo que convertiría al caso Cabrera en uno de los procesos más importantes contra estructuras de influencers en América Latina.
Todo indica que el avance será rápido: el material ya reunido, sumado a las denuncias previas de víctimas como Mariano Fernández y Giovana De Mitole, configura un panorama que la Justicia considera “grave, sistemático y con fines lucrativos”.
La investigación se activó tras la denuncia del representante mediático Jorge Zonzini, quien alertó sobre situaciones de abuso y explotación dentro del entorno del influencer.
Su testimonio fue respaldado por víctimas directas, entre ellas el editor Mariano Fernández y la diseñadora gráfica Giovana De Mitole, quienes relataron haber sufrido presiones, explotación laboral y situaciones vinculadas a abuso sexual dentro del marco de actividades de la organización.
Los testimonios dieron pie a una causa que, con el correr de los meses, reveló una estructura delictiva más compleja de lo que inicialmente se sospechaba.
La jueza federal Nada Flores Vega autorizó además la apertura de un expediente paralelo por lavado de activos, lo que amplía significativamente el alcance judicial del caso. Esta causa involucra a personas del círculo cercano del imputado, incluidos otros influencers con fuerte presencia pública: Candela Díaz, Kevin Macri, Diego Llamazares, Irupe Cabrera, Matías Cabrera, Ulises Magic y Juan Pablo Torres Barbot.
La sospecha es que la red de explotación habría sido acompañada por maniobras financieras destinadas a ocultar ganancias ilícitas, lo que podría derivar en penas aún mayores para el principal acusado y sus colaboradores.
El influencer uruguayo también enfrenta un segundo juicio por delitos adicionales cometidos, según la investigación, durante el aislamiento por la pandemia de COVID-19. En la denominada “Mansión WIFI”, ubicada en el barrio San Marco de Escobar, se habrían producido hechos de corrupción de menores, facilitación de la prostitución y venta de estupefacientes. Allí habrían ocurrido los abusos sexuales más graves denunciados en el expediente.
La convivencia forzada en un espacio cerrado, la ausencia de controles y el poder del imputado sobre otros jóvenes crearon un escenario que los investigadores califican como “propicio para la comisión sistemática de delitos”.
El caso expone con crudeza un problema creciente: la brecha regulatoria entre el poder de influencia que pueden acumular figuras digitales y la falta de mecanismos efectivos para supervisar su actividad, especialmente cuando el público mayoritario está conformado por menores.
La combinación de exposición masiva, dinámicas de fanatismo digital, encierro durante la pandemia y relaciones laborales difusas generó un entorno ideal para abusos de poder, explotación y manipulación. Este tipo de estructuras, amparadas en la informalidad del mundo del streaming y los contenidos virales, resulta difícil de detectar para el Estado hasta que las víctimas se animan a denunciar.
La detención del influencer llega en un contexto en el que los sistemas judiciales y las plataformas tecnológicas están siendo interpelados.
El caso subraya la urgencia de reforzar controles sobre los creadores de contenido con audiencias masivas,la necesidad de protección efectiva a menores y la importancia crucial de que las víctimas puedan denunciar sin miedo.
La investigación sigue abierta y es probable que el entramado delictivo continúe ampliándose en las próximas semanas. Lo que ya es evidente es que este caso marcará un precedente en la relación entre el mundo digital, la justicia y la protección de la niñez.
