Uruguay y la urgencia de nombrar el genocidio en Palestina

La defensa del derecho internacional, el apego al multilateralismo y la solidaridad con los pueblos que sufren han sido sellos distintivos de nuestra política exterior. Sin embargo, en relación con Palestina, esa coherencia se ha visto diluida en discursos tibios, en gestos ambiguos, en una diplomacia que evita pronunciar con claridad lo que ya el mundo sabe: lo que allí ocurre es un genocidio.

El concepto no es retórico ni emocional. La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 —firmada también por Uruguay— establece con precisión los elementos que configuran este crimen: la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Las evidencias acumuladas en los últimos años, y de manera brutal en los meses recientes, muestran que en Palestina se cumplen esas condiciones. Las masacres sistemáticas de civiles, la destrucción de infraestructura vital, el bloqueo que impide el acceso a alimentos, agua y medicinas, y el desplazamiento forzoso de comunidades enteras no son daños colaterales: son parte de una estrategia de aniquilación.

Otros países ya lo han dicho sin rodeos. Parlamentos, tribunales internacionales y organismos de derechos humanos han calificado las acciones de Israel como genocidio o como crímenes de lesa humanidad. No se trata de tomar partido en un conflicto religioso o ideológico, sino de asumir la obligación ética y jurídica de llamar a las cosas por su nombre.

Uruguay no puede seguir refugiándose en comunicados “equilibrados” que condenan la violencia de ambos lados como si se tratara de fuerzas simétricas. La asimetría es abrumadora: de un lado, un Estado con uno de los ejércitos más poderosos del mundo; del otro, un pueblo cercado, sin soberanía plena, sometido a ocupación militar y a un castigo colectivo que no distingue niños de combatientes. El silencio o la neutralidad disfrazada de diplomacia terminan siendo cómplices de la impunidad.

La voz de Uruguay pesa. Quizás no por su capacidad de presión económica o militar, sino por su tradición moral. Cuando nuestro país se pronuncia con claridad, es escuchado como un faro ético en la región y en el mundo. Así ocurrió con el apartheid en Sudáfrica, así ocurrió con las dictaduras latinoamericanas. Hoy, Palestina nos interpela del mismo modo. Nombrar lo que sucede como genocidio no es un acto de hostilidad hacia Israel ni hacia el pueblo judío —que también ha sido víctima de uno de los genocidios más atroces de la historia—. Es, por el contrario, un acto de coherencia con el legado del “nunca más”. Es entender que el recuerdo del Holocausto impone una responsabilidad universal: no permitir que el exterminio de un pueblo se repita bajo ninguna bandera. Uruguay debe abandonar la comodidad de la ambigüedad y asumir un compromiso claro: impulsar en los foros internacionales el reconocimiento del genocidio en Palestina, apoyar las causas judiciales en curso y, sobre todo, levantar la voz para que el derecho internacional no siga siendo una declaración vacía.

Si no lo hacemos, traicionamos no solo a Palestina, sino también a nuestra propia tradición de justicia y humanidad.