El Gobierno nacional volvió a tensar la cuerda institucional al anunciar que intentará reintroducir el denominado Capítulo 11 durante la sesión extraordinaria del Senado prevista para el próximo 26 de diciembre, cuando se debatirá el Presupuesto 2026. La confirmación llegó este viernes de boca del ministro del Interior, Diego Santilli, quien dejó en claro que se trata de una decisión política tomada al más alto nivel del Ejecutivo. “Para el Presidente es innegociable”, afirmó, en referencia a un apartado clave que contempla disposiciones sobre el financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad.
La jugada, sin embargo, abre un frente de conflicto con la Constitución Nacional. El artículo 81 establece de manera expresa que la Cámara revisora no puede reincorporar capítulos que hayan sido rechazados por la Cámara de Diputados. Aun así, el oficialismo libertario sostiene que el Senado tiene margen para “corregir” lo que considera distorsiones fiscales graves introducidas durante el debate en la Cámara Baja.
La intención del Ejecutivo se inscribe en una estrategia más amplia de ajuste fiscal, presentada como el pilar central del modelo económico impulsado por el presidente Javier Milei. Según explicó Santilli, las leyes vinculadas al financiamiento universitario y a la declaración de la emergencia en discapacidad generarían un impacto fiscal estimado en hasta 7 billones de pesos. “Ese número hace inviable cualquier equilibrio presupuestario”, aseguró el ministro, quien defendió la necesidad de blindar el déficit cero como condición indispensable para la estabilidad macroeconómica.
Desde la óptica del Gobierno, el Capítulo 11 representa una barrera frente a lo que consideran “gastos estructurales sin financiamiento”, heredados de gestiones anteriores y potenciados por la presión parlamentaria de la oposición. En ese marco, Santilli fue enfático al señalar que el Ejecutivo no convalidará leyes que, a su entender, comprometan el rumbo fiscal trazado desde el inicio de la gestión. “No se trata de ideología, sino de números”, insistió.
No obstante, el anuncio generó una inmediata reacción en sectores opositores y en especialistas en derecho constitucional, que advirtieron sobre la gravedad institucional del intento. Legisladores de distintos bloques recordaron que el Senado no puede revertir decisiones ya tomadas por Diputados y que avanzar en ese sentido implicaría una vulneración directa del procedimiento legislativo. “No es una discusión política, es una norma constitucional básica”, señalaron.
La controversia también reavivó el debate sobre el alcance real del ajuste. Mientras el oficialismo pone el foco en el equilibrio fiscal, universidades nacionales y organizaciones vinculadas a la discapacidad alertan sobre el impacto social de los recortes y denuncian una pérdida sostenida de recursos que compromete el funcionamiento del sistema educativo y la atención de los sectores más vulnerables.
Con el calendario legislativo ajustado y una sesión extraordinaria que promete ser áspera, el Senado se encamina a convertirse en el escenario de una disputa que excede el Presupuesto de 2026. Lo que está en juego no es solo la letra fina de un capítulo, sino el delicado equilibrio entre la voluntad política del Ejecutivo, los límites constitucionales y el rol del Congreso como contrapeso institucional. En la recta final del año, el Gobierno libertario vuelve a apostar a una confrontación que pone a prueba tanto su estrategia fiscal como el respeto por las reglas del sistema democrático.
