Se cumplieron 29 años del asesinato de José Luis Cabezas, el reportero gráfico argentino secuestrado, torturado y ejecutado el 25 de enero de 1997 en Pinamar, en uno de los crímenes más emblemáticos contra la libertad de prensa desde el retorno de la democracia. A casi tres décadas, el caso continúa siendo un símbolo de las tramas de poder, la violencia contra el periodismo y una impunidad que aún interpela al sistema político y judicial argentino.
Cabezas trabajaba para la revista Noticias y había logrado lo que muchos consideraban imposible en los años noventa: fotografiar al empresario Alfredo Yabrán, un hombre omnipresente en los negocios del Estado pero deliberadamente invisible para la opinión pública. Esa imagen, publicada en la tapa de la revista, rompió el cerco de silencio en torno a uno de los personajes más influyentes y oscuros de la época. Días después, Cabezas fue asesinado.
El crimen fue brutal y planificado. El fotógrafo fue secuestrado al salir de una fiesta, trasladado a una cava en General Madariaga, esposado, golpeado y finalmente ejecutado con dos disparos. Su cuerpo fue incinerado dentro de su propio automóvil. El mensaje fue claro: disciplinar al periodismo y advertir sobre los límites que el poder real estaba dispuesto a tolerar.
La conmoción social fue inmediata. Miles de personas salieron a las calles en todo el país bajo una consigna que se convirtió en bandera: “No se olviden de Cabezas”. Por primera vez desde 1983, un crimen contra un trabajador de prensa generaba una reacción masiva y transversal, poniendo en el centro del debate público la relación entre política, empresarios, servicios de inteligencia y medios de comunicación.
La investigación judicial permitió identificar a integrantes de la banda conocida como “Los Horneros” como autores materiales, y a sectores del entorno empresarial de Yabrán como instigadores. Hubo condenas firmes, pero con el paso del tiempo todas las personas condenadas recuperaron la libertad, ya sea por cumplimiento de penas, beneficios legales o reducciones. Alfredo Yabrán, señalado como autor intelectual, se suicidó en 1998 antes de ser juzgado.
Este desenlace dejó una sensación persistente de justicia incompleta. Para amplios sectores de la sociedad, el caso Cabezas no cerró: no solo por la gravedad del crimen, sino porque expuso la capacidad del poder económico para condicionar instituciones, operadores judiciales y fuerzas de seguridad. El asesinato mostró que la democracia podía convivir con estructuras de impunidad heredadas y recicladas.
A lo largo de estos 29 años, el nombre de José Luis Cabezas se convirtió en un emblema de la libertad de expresión. Escuelas de periodismo, sindicatos, organizaciones de derechos humanos y medios recuerdan cada aniversario como una forma de reafirmar un principio básico: sin periodismo libre no hay democracia posible.
Sin embargo, el contexto actual vuelve a encender alertas. La precarización laboral, las amenazas digitales, el hostigamiento judicial y los discursos que estigmatizan a la prensa configuran nuevas formas de presión sobre los trabajadores de la comunicación. Aunque distintas de la violencia extrema de los años noventa, estas prácticas buscan el mismo objetivo: limitar el derecho a informar.
Recordar a Cabezas no es un ejercicio nostálgico ni ritual. Es una advertencia vigente sobre los riesgos que enfrenta el periodismo cuando investiga intereses poderosos y cuando el Estado no garantiza plenamente la protección de quienes informan. También es un llamado a sostener la memoria como herramienta de defensa democrática.
A 29 años del crimen, la consigna sigue intacta. No olvidarse de Cabezas implica exigir justicia real, fortalecer las garantías para la prensa y asumir que la libertad de expresión no es un privilegio de los periodistas, sino un derecho de toda la sociedad.
