Seguridad fronteriza

Se creará un Comando Unificado para blindar las fronteras

El ministro Carlos Negro anunció que se extenderá la jurisdicción de las Fuerzas Armadas y se implementarán "anillos digitales" en los límites con Brasil y Argentina.

En el marco de la presentación del Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2035, el ministro del Interior, Carlos Negro, anunció una reforma estructural en la vigilancia de los límites internacionales de Uruguay. La medida central consiste en la creación de un «Centro de Comando Unificado en la Frontera», un organismo que coordinará las acciones de seguridad y que otorgará mayores potestades y jurisdicción a las Fuerzas Armadas para intervenir en zonas limítrofes.

El jerarca explicó que esta ampliación de competencias militares se aplicará de forma integral en todo el perímetro nacional: desde el litoral terrestre con Brasil hasta la frontera fluvial con Argentina a través del río Uruguay. «Vamos a extender la competencia y la jurisdicción de las Fuerzas Armadas en la frontera», insistió Negro, subrayando que el objetivo es fortalecer la soberanía y combatir con mayor eficacia el tráfico de drogas, armas y contrabando.

El documento técnico del plan detalla que la estrategia se apoyará en la implementación de «anillos digitales». Esta tecnología permitirá un control exhaustivo y en tiempo real del tránsito de personas y vehículos, detectando movimientos sospechosos de manera automatizada. En sintonía con este blindaje electrónico, el Ministerio del Interior también prevé un aumento drástico en la regulación y el control de motocicletas y automóviles que circulen en situación irregular en las ciudades fronterizas.

Esta mayor presencia militar y tecnológica busca subsanar las vulnerabilidades históricas de las fronteras secas y fluviales, integrando la capacidad operativa del Ejército y la Armada con la inteligencia policial. Según las autoridades, el nuevo comando unificado permitirá una respuesta inmediata ante incidentes, consolidando a las zonas de frontera como áreas de prioridad estratégica dentro de la política de seguridad que el Ejecutivo proyecta para la próxima década.

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