En un movimiento que redefine las reglas del juego tecnológico global, el presidente Donald Trump ha firmado la orden ejecutiva «Promoting Advanced Artificial Intelligence Innovation and Security». Con esta rúbrica, la Casa Blanca abraza formalmente una doctrina de regulación mínima y voluntaria para la inteligencia artificial (IA).
El panorama desmantela los enfoques más restrictivos de la administración anterior y envía un mensaje contundente al mundo: en la carrera por la supremacía tecnológica, la velocidad y la innovación de las empresas estadounidenses son la máxima prioridad de seguridad nacional.
La orden, que ya suscita intensos debates entre Silicon Valley, el Congreso y la comunidad científica, establece un marco que evita imponer licencias estatales obligatorias, auditorías gubernamentales previas al despliegue de modelos o permisos burocráticos que ralentice los lanzamientos.
En su lugar, el decreto confía en la autorregulación, la cooperación público-privada y un esquema de revisiones voluntarias enfocado casi exclusivamente en la ciberseguridad y la defensa nacional. La orden ejecutiva habilita al Gobierno de Estados Unidos a acordar con empresas tecnológicas una revisión previa (30 días antes) de nuevos modelos de inteligencia artificial antes de su lanzamiento público.
El núcleo de la nueva estrategia estadounidense se basa en que la IA avanza a un ritmo que las leyes tradicionales no pueden seguir. Bajo la premisa de que una normativa rígida queda obsoleta antes de ser publicada en el registro oficial, la orden ejecutiva reduce la intervención del Estado a la mínima expresión.
Regulación mínima
La orden establece una ventana voluntaria de 30 días para que las empresas compartan con agencias federales los resultados de sus pruebas de seguridad, enfocadas exclusivamente en prevenir vulnerabilidades críticas de ciberseguridad y el posible uso de algoritmos para el diseño de armas biológicas o digitales.
Asimismo, sostiene que no es necesario crear nuevas leyes específicas para la inteligencia artificial, sino aplicar con firmeza la legislación vigente, de modo que cualquier uso de la IA para cometer delitos como fraude, espionaje o difamación sea sancionado bajo los marcos civiles y penales existentes.
Además, impulsa el desarrollo de infraestructura estratégica mediante la reducción de trámites ambientales y burocráticos para la construcción de centros de datos y nuevas fuentes de energía, incluidas plantas nucleares y de gas natural, con el objetivo de satisfacer la creciente demanda energética de los sistemas avanzados de IA.
Desde los sectores más optimistas de Silicon Valley y los defensores del libre mercado, la medida ha sido recibida con entusiasmo. «Ponerle frenos burocráticos a la IA en este momento crucial equivaldría a desarmarnos en un conflicto geopolítico invisible», argumentan los defensores de la orden.
Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar. Científicos de datos, defensores de los derechos civiles y legisladores de la oposición advierten que una regulación tan laxa deja las ventanas abiertas a riesgos sistémicos. Los detractores señalan que la falta de supervisión obligatoria en materia de deepfakes y desinformación automatizada puede erosionar la confianza pública y los procesos democráticos.
