El Grupo Propuestas expresa su preocupación y desacuerdo con el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, que modifica la estructura de gobierno de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), al entender que la iniciativa supone un retroceso institucional, porque debilita la coordinación del sistema educativo nacional y afecta la eficacia de su conducción.
El documento está firmado por Eduardo Andreoli, Javier Grilli, Milka Nabhen, Nelly Leites, Víctor Pizzichillo, Enrique Martínez, Graciela Carlevaro, Graziella Chiribao, Graciela Fabeyro, Patricia Viera, Pablo Fuce, Ademar Cordones, Javier Lasida, Ma del Carmen Dos Santos, Ivonne Constantino. Jorge Delgado, Silvio Previale, Oscar Yañez, Lylian Strada, Jorge Delgado, Alicia Gaillardo, Agustín Briano, Beatriz Rissotto, Claudio Rama, entre otros.
El documento sostiene en 4 puntos la necesidad de preservar el papel articulador y estratégico del CODICEN como órgano rector de la ANEP y considera necesario asegurar la continuidad de políticas basadas en evidencias y no en preconceptos ideológicos, especialmente cuando el marco vigente fue sometido a un referéndum derogatorio que no alcanzó la mayoría requerida y que, por ende, también impone el respeto a la decisión soberana. Los puntos del documento son:
1. Defensa de la coordinación nacional de la educación. La Constitución de la República y la evolución legislativa de las últimas décadas han procurado fortalecer los mecanismos de coordinación necesarios para articular políticas comunes en todo el sistema educativo.
La creación y consolidación del Consejo Directivo Central (CODICEN) respondió, precisamente, a la necesidad de superar la fragmentación de los subsistemas públicos y construir una visión nacional integrada y coherente. El proyecto de ley revierte esa evolución al transferir atribuciones estratégicas y de gestión a órganos desconcentrados. Con ello, debilita la capacidad de conducción sistémica, favorece ineficiencias y reduce las facultades efectivas del CODICEN. El restablecimiento de los Consejos de Educación en Primaria, Secundaria y Educación Técnico Profesional, junto con la ampliación de sus competencias en materia de planes, administración, personal y fiscalización, favorecerá respuestas divergentes entre los distintos subsistemas y dificultará la formulación de políticas educativas coherentes y coordinadas. La educación, como bien público, requiere objetivos comunes, una planificación articulada y capacidad de implementación integrada.
2. Necesidad de fortalecer una gestión profesional. Las transformaciones educativas contemporáneas exigen instituciones capaces de responder con rapidez a los cambios tecnológicos, sociales y productivos. La experiencia internacional muestra la importancia de diferenciar los ámbitos de deliberación y orientación política de los ámbitos de gestión ejecutiva, mediante estructuras profesionales y responsabilidades claramente definidas. El modelo vigente, establecido por la Ley N.º 19.889 (Ley de Urgente Consideración del 2020) combina un CODICEN colegiado, responsable de la conducción general, con Direcciones Generales unipersonales dotadas de responsabilidad ejecutiva. Esta articulación preserva la deliberación colegiada en el nivel estratégico y, al mismo tiempo, aporta mayor ejecutividad en la gestión. Tal norma fue además respaldada en el referéndum por el cuerpo electoral, por lo que la modificación es no respetar la voluntad «del pueblo». El retorno a órganos colegiados de gestión diluirá responsabilidades, ralentizará la toma de decisiones y dificultará la evaluación objetiva de los resultados. No resulta conveniente derogar una solución institucional que procura equilibrar la conducción colegiada con una gestión ejecutiva claramente responsable.
3. Preocupación por la corporativización y la politización de la gestión educativa. La ampliación va a incrementar la influencia de intereses corporativos sobre decisiones que deben orientarse, prioritariamente, al interés general de los estudiantes y de la sociedad. Ello puede reducir la eficiencia y la rapidez de la toma de decisiones, además de promover dinámicas gremiales y endogámicas. Una estructura excesivamente colegiada en los órganos de gestión favorecerá la fragmentación de las orientaciones generales. La educación pública requiere participación, pero también exige que las decisiones estratégicas se fundamenten en criterios técnicos, académicos y de política pública. Debe evitarse que los órganos de gobierno se conviertan en ámbitos permanentes de disputas político-gremiales o que se reiteren debates ya sustanciados en otros niveles institucionales.
4. Sobre las Comisiones Consultivas. El proyecto propone crear Comisiones Consultivas en los centros educativos, integradas por diversos actores. Sin desconocer el valor de la participación de las comunidades educativas, entendemos que esta propuesta se superpone con mecanismos ya previstos en la normativa vigente. La creación de nuevas estructuras puede debilitar la autoridad pedagógica y administrativa de las direcciones de los centros y favorecer dinámicas de carácter corporativo. Actualmente existen y se encuentran en funcionamiento los Consejos de Participación, establecidos por la Ley General de Educación como ámbitos consultivos y de formulación de propuestas, así como los Consejos Asesores Consultivos en el ámbito del Consejo de Formación en Educación (CFE). Asimismo, existen Comisiones de Fomento en escuelas y liceos, especialmente en el interior del país, como espacios tradicionales de apoyo económico, social y edilicio, integrados principalmente por las familias de los estudiantes y por docentes. Ellos pueden y deben ser fortalecidos mediante mecanismos de colaboración que contribuyan a la gestión y no resulta pertinente ni eficiente crear nuevas estructuras paralelas que dupliquen las ya existentes.
