El Poder Ejecutivo presentó un anteproyecto de ley sobre el funcionamiento de la ANEP que, de aprobarse, introduciría un cambio sustancial en la estructura de poder y en la gestión académica de la educación pública. Aunque se presenta como una ampliación de la participación, el texto impulsa, en los hechos, una mayor corporativización, politización y autonomía de los órganos desconcentrados frente al CODICEN. Su exposición de motivos vincula la participación con el enfoque de derechos humanos; sin embargo, la representación sectorial de los docentes no constituye por sí misma un derecho humano universal, sino un mecanismo específico de participación corporativa.
El anteproyecto tiene tres componentes centrales: restablece los Consejos de Educación en Primaria, Secundaria y UTU, incorporando un representante docente electo; desplaza competencias del CODICEN hacia los nuevos Consejos de Educación, especialmente en materia de planes, administración, personal y fiscalización; y habilita la creación de Comisiones Consultivas con participación de estudiantes, familias, funcionarios y otros actores sociales. Sin duda, este diseño tiende a aumentar la fragmentación institucional, debilitar la coordinación central y ampliar la incidencia de las organizaciones gremiales en la gestión educativa.
Además, aunque jurídicamente se procura que el Consejo sea colegiado, el director general aparece como una figura jerárquica y política destacada, lo que reabrirá las viejas tensiones acerca de si actúa como un «primus inter pares» o como una autoridad superior efectiva dentro del Consejo.
El texto modifica varios artículos de la Ley General de Educación, en la redacción dada por la Ley de Urgente Consideración (LUC), aprobada en 2020. Los 135 artículos sometidos a referéndum en marzo de 2022 permanecieron vigentes por decisión popular, con lo cual se ratificó la LUC. Esta estableció un modelo de gobernanza que combinó la conducción colegiada del CODICEN con Direcciones Generales unipersonales y ejecutivas en Primaria, Secundaria y UTU, procurando diferenciar el ámbito deliberativo del de gestión directa. Esa arquitectura concentró la formulación de orientaciones generales en el CODICEN y responsabilizó a los directores generales por la ejecución de las políticas. El anteproyecto revierte ese modelo y restablece, además, órganos colegiados de tres miembros.
Aunque exige diez años de ejercicio docente en la educación pública, no establece requisitos específicos de formación superior o de trayectoria académica destacada para sus integrantes. Favorece la legitimidad electoral y sectorial frente a los criterios técnicos de selección y diluye las responsabilidades ejecutivas al volver a una lógica consejista que deriva en burocratismos y generará las viejas tensiones del pasado entre los Consejos y el CODICEN. El paradigma concibe un CODICEN con un papel más estratégico, regulador, homologador y coordinador, mientras el poder, la ejecución y la propia deliberación colegiada quedan radicados en los Consejos.
El CODICEN solo homologará los programas y no los aprobará directamente.
El anteproyecto también habilita la conformación de Comisiones Consultivas en los liceos y las escuelas, con participación de estudiantes, familias y funcionarios, lo que trasladará las disputas político-gremiales al nivel de los centros y debilitará la autoridad de sus directores, fundamental para una gestión coherente. Actualmente existen Consejos de Participación que, aunque la LGE dispuso que debían funcionar «en todo centro educativo público», de hecho no existen.
El proyecto crea un nuevo ámbito que no dependerá de los directores, sino directamente de los Consejos. No solo se produce una duplicación, sino que se trasladarán la lucha política y el control de la gestión educativa a los conflictos sociales barriales, creando un aparato por encima de los directores y deteriorando su función real. El proyecto se aparta de una larga tradición iniciada con la Constitución de 1967, que incorporó la coordinación obligatoria y abrió el camino hacia la conformación de un ámbito superior de articulación y dinámica sistémica. Ello se expresó en la Ley N.º 14.101, que creó el Consejo Nacional de Educación; posteriormente, en la Ley N.º 15.739, de marzo de 1985, que restableció la ANEP y el CODICEN; y, finalmente, en la Ley de Urgente Consideración (LUC) de 2020, que profundizó la centralización de las orientaciones generales en un régimen colegiado y la conducción de los subsistemas bajo un formato ejecutivo. Este proyecto de ley volverá a generar diferencias entre los subsistemas y debilitará la coherencia educativa nacional, anulando el equilibrio existente entre representación sectorial, capacidad ejecutiva y conducción sistémica. La coordinación curricular, presupuestal y administrativa requiere una autoridad central con atribuciones suficientes para evitar que la autonomía funcional derive en segmentación de políticas, desigualdad de resultados, ineficiencias, repetición de funciones y fragmentación institucional en la educación pública.
