La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza (CSEU) sellaron un nuevo protocolo de actuación para enfrentar situaciones de violencia en el ámbito educativo. El documento, de cumplimiento obligatorio en todo el país, define procedimientos claros para proteger a los trabajadores que resulten agredidos, amenazados o humillados en el ejercicio de sus funciones. La normativa abarca desde irrupciones de personas ajenas a la institución hasta conflictos internos o agresiones por parte de estudiantes, estableciendo que la seguridad de la comunidad educativa es una prioridad institucional que requiere respuestas ágiles y coordinadas.
El protocolo introduce la obligatoriedad de la denuncia policial inmediata, la cual deberá ser gestionada por los jerarcas del centro educativo para asegurar el respaldo legal a las víctimas. Asimismo, ante hechos graves, se activa un mecanismo de respuesta rápida que incluye el auxilio de los servicios de emergencia y del Ministerio del Interior. En el plano laboral, los funcionarios afectados contarán con asistencia médica garantizada y la posibilidad de justificar hasta 48 horas de inasistencia sin sufrir descuentos salariales. Esta medida busca priorizar la integridad física y psicológica del personal antes de su reincorporación a las aulas tras un evento traumático.
Para garantizar el seguimiento de cada caso, se creó una comisión bipartita entre ANEP y los sindicatos, que tendrá 48 horas para analizar lo ocurrido y diseñar planes de prevención específicos. El acuerdo también pone énfasis en la reserva de los datos personales y en la implementación de campañas de convivencia para reducir la conflictividad. Con este paso, el sistema educativo uruguayo busca profesionalizar la gestión de crisis y asegurar que las escuelas y liceos sean espacios seguros, limitando el acceso de agresores y fortaleciendo el rol de los equipos multidisciplinarios en la detección temprana de riesgos.
Un protocolo que se debió hacer hace tiempo Los directores e inspectores echan siempre responsabilidad a los docentes y no quieren que se haga denuncia policial para que no trascienda