El año 2022fue un año bisagra y de recomposición de la política educativa marcada por la pandemia y la discusión de la Ley de Urgente Consideración que conjuntamente determinaron los años 2020 y 2021. La postpandemia, marcó el inicio de una dinámica educativa donde el centro no estuvo ya focalizado en los aspectos sanitarios, y se pudieron desarrollar actividades presenciales sin restricciones. Sin embargo, la postpandemia, no derivó en un regreso plenamente a dicha modalidad, sino que mostró un cambio en la demanda de estudios ante la existencia de un sector estudiantil y docente que reclamaban mantener las actividades no presenciales así como de otro sector más proclive a una formación presencial. El impacto negativo de la pandemia en la educación obligatoria, no se dio en el nivel terciario que mostró no sólo menos deserción, sino incluso un aumento de la matrícula. En este nivel en la postpandemia se comenzó a conformar un modelo educativo universitario con dinámicas híbridas que articulan lo presencial y lo virtual con múltiples formas tales como entre clases prácticas y teóricas, entre las sedes en dinámicas en red, entre tipos de estudiantes, entre diferentes carreras o entre el grado de avance en las trayectorias curriculares de los estudios. Dentro de los nuevos escenarios destacó la irrupción de un modelo híbrido de enseñanza con diversidad de formas, que se correlacionaron con demandas de mayor flexibilidad para los estudiantes. Ello derivó en la prórroga del marco normativo de emergencia educativa para el sector privado, aún a pesar de haber terminado la pandemia. Todo ello ha dado amplia libertad de decisión a las instituciones a responder a las nuevas situaciones. Esta situación se está terminando, y más allá de una lentitud e indefiniciones de las políticas públicas en relación a la educación virtual pospandemia, y que limitan la capacidad de gestión, se presentó el 1 de noviembre por el MEC un borrador de “Propuesta para ajustar los requisitos para carreras en formato virtual (total o parcial) en las instituciones privadas”, que modificaría el esquema tradicional de autorización habilitando un marco diferenciado entre una educación sincrónica y una educación no sincrónica que daría más flexibilidad para responder a las demandas.
La ratificación en el referendo revocatorio de la Ley de Urgente Consideración (LUC), implicó el efectivo inicio de su instrumentación, más allá de tener un impacto marginal en la educación terciaria. La primera derivación fue un aumento muy marcado de la conflictividad sindical y estudiantil, que implicó un 20% de días de clase perdidos por paros y ocupaciones. En los años previos también hubo pérdidas de clases pero por la pandemia, por lo que es previsible que los menores aprendizajes acumulados se expresen en la ocasión del ingreso a las aulas universitarias a las instituciones. La discusión parlamentaria sobre el otorgamiento de licencias sindicales a los dirigentes educativos, también contribuyó a esa conflictividad. Los conflictos fueron apaciguados en tanto la LUC introdujo la prohibición del cierre de los establecimientos al reconocerse el derecho de acceso de los no huelguistas. Hubo una dinámica de ocupación y desocupación continua de los establecimientos durante varios meses y como corolario de ello parece haber ocurrido una mayor propensión a un corrimiento de la demanda hacia la educación privada, especialmente en el nivel medio, y problemas generales de calidad de los aprendizajes que posiblemente pauten la formulación de políticas futuras de remediación.
Desde el mercado laboral, se generaron varios impactos de cambio. El elevado desempleo juvenil con la pandemia incentivó el aumento de la demanda estudiantil, pero además, se apreció un incremento de los requisitos de competencias laborales. Los datos muestran que los niveles de desempleo son casi similares para todas las personas y que sólo con el título terciario, ello se reduce a una situación de casi pleno empleo con apenas un desempleo friccional. La caída de los ingresos reales también facilitó el aumento del empleo profesional y facilitó la recuperación del empleo postpandemia, pero que ha sido menor para los jóvenes. Ello contribuirá a mantener el ciclo de incremento de la demanda de estudios superiores. A ello también contribuirá la derogación parcial del impuesto a los profesionales, lo cual contribuirá el año próximo a aumentar los retornos de los egresados públicos. Ello también reducirá la diferencia de retornos frente al sector privado.
En el año se aprobaron nuevas leyes y decretos con diversos grados de impacto en la educación superior. El Parlamento aprobó la ratificación del Convenio Regional de Reciprocidad de Títulos, Estudios y Diplomas que impuso el compromiso público para establecer el uso del Suplementario de los Títulos Terciarios y de poner en funcionamiento una agencia de evaluación de la educación superior. En la Rendición de Cuentas se aprobó la creación de un registro de títulos universitarios de consulta pública y gratis, fundamentalmente para los títulos superiores privados, que son el 26,2% de los títulos nacionales. En el marco de la instrumentación del cambio de las reválidas aprobada con la LUC que han pasado al MEC, se dispuso que las universidades privadas puedan ofertar los cursos requeridos para concluir los procesos de reválida que se establezcan. Igualmente se aprobó que la reválida de los estudios en el extranjero a efectos de la continuidad de estudios en el país, puedan ser realizadas por todas las Universidades. Era la última situación desde la UDELAR ostentaba un monopolio legal. Una nueva norma este año también habilito a las Intendencias Departamentales a poder ofertar en algunas áreas de educación terciaria, contribuyendo a incrementar la competencia y la regionalización de la educación superior. Al tiempo se incrementó el rol del MEC en la evaluación y autorización de esas ofertas. El proceso de regionalización de la educación superior ha continuado en el país con el licenciamiento de programas por el MEC en el sector privado y aumento de ofertas públicas (UTU, UTEC y UDELAR). La UTU ha continuado aumentando la matricula terciaria alcanzado a 15 mil estudiantes en el 2022, que es el 15% de su matrícula. La UTEC ha iniciado su expansión hacia la región noreste y la Udelar ha comenzado a plantear su instalación en el oeste en Rio Negro. Todos los organismos públicos terciarios están realizando importantes inversiones física en el interior, destacándose la consolidación del Polo de Educación Superior de Rivera, ahora adicionado por la participación de la Intendencia. Por su parte la de Paysandú está impulsando la instalación de la UDELAR en su región y este organismo continua su regionalización proyectando la instalación en el oeste en Rio Negro y Colonia. A escala nacional, las Intendencias se han consolidado como un nuevo actor protagónico en la regionalización y la oferta de educación superior. Finalmente, se ha continuado el reforzamiento del MEC en una nueva gobernanza institucional –en compleja construcción- con la instalación de otro Consejo Consultivo, en este caso de Formación Docente, para el reconocimiento académico del carácter universitario de esos cursos.
