Colorados buscan derogar artículo de la LUC que penaliza con 4 años de cárcel ingreso de drogas a las cárceles

Legisladores colorados buscan eliminar ley aprobada en la LUC que envió a mujeres a la cárcel por ingresar estupefacientes a centros penitenciarios.

La senadora del Partido Colorado, Carmen Sanguinetti, presentó en el Parlamento un proyecto de ley denominado “Armonización de normativa Penal con una finalidad resocializadora”. La legisladora publicó imágenes del documento en su cuenta de Twitter, este viernes 30, y agregó que el documento fue presentado el pasado miércoles 28 con las firmas del senador Pablo Lanz Adib y Raúl Batlle, ambos también del Partido Colorado.

Sanguinetti explicó en Twitter que “el mismo está motivado en la imperiosa necesidad de ajustar normas penales y procesales penales a la cambiante realidad social”. Agregó además que “creemos que el ingreso de drogas a las cárceles debe ser penado; pero entendemos que la mínima de 4 años es excesiva”.

En un hilo publicado, compuesto por varias publicaciones, Sanguinetti dice que “el Artículo 228 del Código de Proceso Penal constituye hoy una valiosa herramienta para ajustar la aplicación de la norma penal a circunstancias particulares”. 

Agrega que “en esta línea, las modificaciones propuestas apuntan a atender las situaciones de personas con hijos a cargo”. En la presentación, que va dirigida a la presidenta de la Asamblea General, la vicepresidenta Beatriz Argimón. Tiene la firma de los tres senadores del Partido Colorado, quienes aparecen como los principales impulsores de la iniciativa.

Puede decirse que el objetivo es buscar anular el artículo N° 74 de la ley de Urgente Consideración (LUC), que propone un mínimo de cuatro años de prisión a las penas previstas para determinados casos, entre ellos, los casos en que se intente ingresar estupefacientes a un centro de reclusión.

En la exposición de motivos que argumentan la presentación de este proyecto, Sanguinetti manifiesta que “Motiva este proyecto, la imperiosa necesidad de ajustar las normas penales y procesales penales a la cambiante realidad social, teniendo presente Jos impactos que las normas vigentes tienen sobre la población. Es menester siempre asegurar por un lado el cumplimiento de los derechos humanos y por otro la protección de la ciudadana frente a la violencia social, cualesquiera sean sus formas”.

Las normas penales y procesales penales tienen efecto directo sobre las vidas de las personas y sobre la protección de sus derechos. Por eso es tarea del cuerpo legislativo estAr atento a la manera en que estas normas funcionan una vez que entran en vigencia y sus resultados son apreciables.

“Sabemos que en esta materia, como lo mostró la aprobación del Código del Proceso Penal y la secuencia de otras leyes penales de los últimos años, es siempre necesario realizar ajustes, modificaciones e innovaciones para que los cuerpos normativos no queden desajustados frente a una realidad social cambiante. Además, nuevas evidencias pueden aportar elementos sobre efectos no deseados de las normas o sobre dimensiones que requieren nuevas disposiciones”, se argumenta en la exposición de motivos.

“En su mayoría se trata de mujeres pobres, vulnerables, con hijos menores a cargo, que han sido sometidas a presión de sus compañeros privados de libertad o de otras personas, para el ingreso de estupefacientes en cantidades mínimas. Dichas mujeres, han sido calificadas por el protocolo OASYS (estudio criminológico que realiza el Instituto Nacional de Rehabilitación), en su gran mayoría como personas de baja o nula peligrosidad”, explica Sanguinetti. “Ello ha llevado a situaciones de máxima injustas e inadecuadas, como ha sido ser sancionadas con este mínimo de cuatro años, sin derecho a redención de pena además, por ingresar 50 gramos de marihuana, por ejemplo””, señala la exposición.

Si bien no menciona su nombre y apellido, este último ejemplo que relata la exposición apunta al caso de Dona Samer Fleitas, madre de cuatro hijos cuya situación se convirtió en “caso de estudio” que terminó motivando el texto.

“Sin duda la conducta delictiva de ingresar droga a una cárcel ha de ser tenida en cuenta como una agravante por parte del magistrado actuante. En la práctica, este artículo refiere a la situación de mujeres, quienes mayoritariamente son las que realizan visitas a las cárceles, y que en algunos casos ingresan sustancias psicoactivas, generalmente en pequeñas cantidades. Pero, la nueva norma, tiene una excesiva penalización (cuatro años como mínimo), provocando un importante aumento de la prisión femenina (26% en los últimos 12 meses de setiembre 2020 a 2021 mientras que la población privada de libertad toda aumentó un 9%). 

Reacciones

Uno de los que también utilizó su cuenta de Twitter para expresarse al respecto de la presentación del proyecto es el senador del Frente Amplio, Charles Carrera Leal. El legislador escribió: “Nos alegra mucho que el Partido Colorado esté dispuesto a modificar un artículo muy nocivo de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que condena a la cárcel a mujeres vulnerables, sin brindar alternativas”.

“Desde hace tiempo venimos alertando sobre los efectos nocivos de la LUC en cuanto a las mujeres privadas de libertad. Propusimos una modificación a dicho artículo en la rendición de cuentas, pero no tuvimos respaldo. Por tanto, nos congratulamos con la iniciativa y esperamos poder acordar una solución a este problema”, expresa el resto del mensaje.

Ejecutivo aprobó llamado a licitación para desarrollo de zona franca en Maldonado

La resolución firmada por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, con fecha 28 de diciembre de 2022, aprueba el pliego de bases y condiciones para el llamado a licitación pública nacional e internacional, que permita el desarrollo y explotación de una zona franca en el departamento de Maldonado.

El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) resolvió realizar un llamado a licitación pública nacional e internacional a fin de desarrollar una zona franca en Maldonado.

La resolución, que lleva las firmas del presidente Lacalle Pou, y de la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, también establece la aprobación del pliego de bases y condiciones particulares para llevar adelante el proceso licitatorio.

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