Aunque advirtió que prosiguen las investigaciones, el comisionado parlamentario para el Sistema Carcelario, Juan Miguel Petit, informó sobre la situación en la Unidad N°5 del Instituto Nacional de Rehabilitación, en donde falleció una interna de 30 años y se dio una protesta de demás mujeres. A la vez se conoció que se presentó por la muerte de la reclusa una denuncia ante la Fiscalía para que se investigue lo acontecido. Petit dijo que tras el fallecimiento y junto a su equipo concurrieron a la Unidad N°5 «dialogando con muchas de las internas, individual y grupalmente, y también con la dirección, su equipo y funcionarios».
Según el informe, la detenida «había solicitado atención médica el día miércoles de noche, a la cual accedió en el centro médico que en la planta baja del edificio tiene el Servicio de Atención Integral para las Personas Privadas de Libertad de ASSE, conocida como Saippi de ASSE». Posteriormente cenó y se acostó a dormir. Se agrega que «según todos los testimonios que recogimos, en esa situación continuó durante todo el jueves hasta que el viernes al mediodía, una compañera intento despertarla pero descubrió que la joven había fallecido. Por razones obvias no se dan detalles aquí sobre las causas de la intervención médica y ni sobre lo ocurrido en las horas posteriores con el eventual seguimiento médico (a cargo del prestador de salud) o la supervisión penitenciaria (a cargo de los funcionarios del INR), asuntos que están siendo investigados actualmente en vía fiscal y administrativa. Sobre esos aspectos, recogimos numerosos testimonios el día viernes y continuaremos trabajando sobre ellos para aportar desde nuestro mandato legal de promover los derechos humanos».
Sobre los incidentes posteriores, Petit indica que «los planteos de las internas fueron coincidentes pidiendo: atención más rápida y completa, asistencia psicológica, orientación y asistencia para casos de adicciones, mayor atención y seguimiento de salud mental, tratamiento odontológico, mejor coordinación con los servicios externos, ya que hay demora en la realización de exámenes o intervenciones necesarias en hospitales».
Un nuevo modelo
Petit reclamó un nuevo modelo para mujeres que cumplen sentencia en un penal, que no represente un modelo masculino impuesto a las mujeres que se encuentran privadas de la libertad, atendiendo que los delitos que cometen las mujeres tienen otras características.
Según adelantó Petit, se encuentra elaborando “un Informe Especial para presentar a la Comisión de Seguimiento Carcelario del Parlamento, al INR, a ASSE y al Consejo de Política Criminal sobre la gestión de la prisión femenina en Uruguay en general y en la Unidad No. 5 en particular”.
“Dentro del aumento de la población privada de libertad destaca la prisionización de mujeres, ya que el crecimiento tuvo una composición diferencial por sexo. En el 2021 la población había crecido en promedio un 10,2% respecto al 2020, pero ese promedio fue de una 9% en los varones pero en las mujeres fue de casi un 28%”, acotó el comisionado en la conferencia de prensa.
“El delito femenino es muy diferente al de los varones. Además, la privación de libertad de las mujeres implica necesidades de atención también diferentes. El delito femenino refiere en la amplia mayoría de casos a situación de extrema pobreza, lucha por la sobrevivencia, crianza de los hijos y situaciones de explotación, manipulación, dominio o trata por parte de terceros..
