La decisión adoptada por el Gobierno de Israel de extender su autoridad civil sobre amplias zonas de Cisjordania constituye, en los hechos, un paso hacia la anexión de territorios ocupados desde 1967.
Diversos especialistas en derecho internacional consideran que la medida vulnera normas y resoluciones de la ONU, que reconocen el derecho del pueblo palestino a un Estado independiente y viable. Para sus críticos, el movimiento deja en evidencia que el plan del Ejecutivo encabezado por Benjamín Netanyahu no contempla la creación de un Estado palestino soberano, sino la consolidación del control israelí sobre la mayor extensión posible del territorio, con enclaves palestinos fragmentados y dependientes.
El Gabinete de Seguridad —integrado por el primer ministro y los titulares de Defensa, Exteriores, Economía, Justicia y Seguridad Nacional— dejó sin efecto una normativa vigente desde 1997 que exigía aprobación previa, tanto israelí como palestina, para nuevas construcciones en Cisjordania. Aunque en la práctica esa disposición había sido ampliamente cuestionada por su aplicación desigual, su derogación formal implica un cambio sustancial. Según el propio Gobierno israelí, se trata de una modificación “drástica” del marco regulatorio.
La medida no solo facilita la expansión de asentamientos israelíes, considerados ilegales por gran parte de la comunidad internacional, sino que amplía la capacidad de las autoridades israelíes para intervenir en áreas como recursos hídricos, patrimonio arqueológico y evaluaciones ambientales. Organizaciones palestinas advierten que estos mecanismos pueden utilizarse para bloquear proyectos de infraestructura, limitar el crecimiento urbano palestino y restringir nuevas iniciativas económicas.
Otro punto controvertido es el anuncio de publicar el registro de propietarios de tierras en Cisjordania, hasta ahora confidencial. Mientras el Gobierno israelí presenta la decisión como un ejercicio de transparencia jurídica, autoridades palestinas y grupos de derechos humanos temen que pueda facilitar la consolidación de expropiaciones o disputas sobre la titularidad de tierras en favor de colonos israelíes.
En el plano político, la decisión es interpretada como un nuevo golpe a los compromisos asumidos en los Acuerdos de Oslo de 1993, que establecieron un esquema de administración compartida y sentaron las bases para una eventual solución de dos Estados. La medida afecta aproximadamente al 40% del territorio que, según esos acuerdos, debía quedar bajo administración de la Autoridad Nacional Palestina. Analistas sostienen que abre la puerta a una anexión formal y a la ampliación sostenida de asentamientos. Solo en los primeros meses de 2025, Israel autorizó y planificó miles de nuevas viviendas en Cisjordania.
La responsabilidad política recae principalmente en el Gobierno israelí, pero el debate también alcanza a la comunidad internacional, cuya capacidad —y voluntad— para frenar la escalada vuelve a estar en cuestión.
En Alemania los comentaristas opinan que si el Ayatolá hace concesiones a USA léase Trump de ventajas sobre el petróleo se arregla todo