Escalada israelí busca ampliar su control sobre territorio palestino ocupado

El gobierno israelí aprobó el domingo el inicio de un proceso de registro de tierras en una amplia zona de la Cisjordania ocupada. Reactivando los procedimientos de «regularización de títulos de propiedad» que permanecían suspendidos desde la guerra de 1967. Esta medida, impulsada por el ministro de Finanzas y líder ultranacionalista Bezalel Smotrich, junto al ministro de Justicia, Yariv Levin, y el ministro de Defensa, Israel Katz, podría ampliar el control estatal israelí sobre extensas áreas del denominado Área C, que representa el 60% del territorio cisjordano y se encuentra bajo dominio civil y militar israelí.

La resolución establece que cualquier persona que reclame derechos sobre parcelas en las zonas designadas deberá presentar documentación que acredite su propiedad. Según las nuevas normas, si los dueños palestinos de un terreno no pueden presentar un título de propiedad, la parcela será considerada «perteneciente a Israel». Las autoridades anunciarán progresivamente qué áreas serán sometidas a registro, en un proceso que, según la ONG israelí Peace Now, podría comenzar este mismo año. Analistas califican que este es un procedimiento para demostrar titularidad «draconiano» y poco transparente.

A su vez estiman que «Israel podría hacerse incluso con el 83 % del Área C, que es aproximadamente la mitad de Cisjordania». Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados de Palestina emitió un comunicado en el que condenó la decisión del gobierno israelí de clasificar extensas áreas de Cisjordania ocupada como «tierras estatales».  De igua forma calificó la medida de ilegal y la consideró «un paso deliberado hacia la anexión real del territorio palestino».

En su declaración, el Ministerio afirma que esta medida «es nula y sin valor según el derecho internacional y constituye un paso hacia la anexión de facto, socavando los cimientos y la viabilidad del Estado palestino». Igualmente la medida representa «una grave violación de los principios de paz y seguridad internacionales» y contradice claramente las resoluciones de las Naciones Unidas, «en particular la Resolución 2334 del Consejo de Seguridad, que reafirmó la ilegalidad de los asentamientos en todo el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental». 

Por su parte, la Liga Árabe acusó a Israel de aumentar la tensión y la escalada de violencia que vive actualmente Oriente Medio. El organismo consideró que la medida representa «una flagrante violación del derecho internacional y de varias resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU». Además, sostiene que la decisión «perpetúa la política de asentamientos ilegales y socava las posibilidades de lograr una paz justa y duradera basada en la solución de dos Estados». Por ello, rechazó «todas las medidas encaminadas a cambiar el estatuto jurídico e histórico de los territorios palestinos», incluida Jerusalén Este.

De igual forma, ocho países de mayoría musulmana suscribieron un comunicado conjunto para denunciar la decisión israelí. Arabia Saudí, Egipto, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Jordania, Pakistán y Turquía calificaron la medida como «una grave escalada destinada a acelerar la actividad en los asentamientos ilegales». También subrayan que «este paso ilegal» persigue igualmente acelerar la «confiscación de tierras» y «aumentar el control israelí». Recalcan que «estas medidas representan una violación flagrante del Derecho Internacional y del Derecho Internacional Humanitario». Recuerdan asimismo que «la decisión contradice además la opinión emitida por la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias legales de las políticas y prácticas israelíes en los territorios ocupados. por otro lado, subrayó la ilegalidad de las medidas destinadas a alterar el estatus legal, histórico o demográfico de Palestina».

La Unión Europea se pronunció a través de su portavoz Anouar El Anouni, quien declaró que la reciente decisión israelí de aprobar el inicio de un proceso de registro de tierras en la Zona C de Cisjordania «constituye una nueva escalada tras las recientes medidas destinadas a ampliar el control israelí en las Zonas A y B». El Anouni recordó ante esta acción ilegal la necesidad de que Israel revoque esta decisión.

Junto a  esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel indicó que la medida busca garantizar mayor transparencia y responder a procedimientos de registro. Los cuales estan impulsados por la Autoridad Nacional Palestina en el Área C. Que considera contrarios a los acuerdos vigentes. Al respecto, el ministro de Justicia, Yariv Levin, uno de los impulsores de la iniciativa dentro de la coalición oficialista, declaró: «El gobierno de Israel está comprometido a fortalecer su control sobre todas sus partes y esta decisión es una expresión de ese compromiso». 

Entre las iniciativas sancionadas el domingo está la derogación de una ley que prohibía a los judíos comprar directamente tierras en Cisjordania. Y otra que permite a Israel administrar sitios religiosos en la ciudad de Hebrón, aunque estén en zonas controladas por la Autoridad Nacional Palestina. Este último cambio altera el esquema vigente desde 1997. El que exigía que cualquier nueva edificación en Hebrón contara con el visto bueno tanto de las instituciones palestinas como de las israelíes.

Actualmente, más de 700.000 israelíes viven en Cisjordania y Jerusalén Oriental, territorios capturados por Israel en 1967. En el Área C residen unos 300.000 palestinos, además de comunidades que dependen de tierras agrícolas y de pastoreo en la zona. Sobre los últimos meses, Israel amplió la construcción en asentamientos judíos. Legalizó puestos de avanzada e introdujo cambios administrativos para reforzar su dominio en el territorio. La medida se produce en un contexto de creciente presión económica sobre la Autoridad Nacional Palestina.