El pasado 1 de abril, 170 aventureros partieron desde Ushuaia, Argentina, a bordo del crucero MV Hondius. El itinerario prometía 34 días de «aventura polar» a través del Atlántico, con escalas en la Antártida y Georgia del Sur, antes de finalizar en África. Sin embargo, la travesía de lujo, por la que los pasajeros pagaron entre 8.000 y 25.000 euros, se transformó rápidamente en una pesadilla.
A mitad de ruta, un pasajero presentó fiebre alta y dificultades respiratorias, falleciendo a los pocos días. Tras dejar el cuerpo en la remota isla de Santa Elena, la alarma se activó al confirmarse que no se trataba de una gripe poco común. El pánico se extendió cuando otros dos pasajeros murieron y varios más enfermaron de gravedad.
Las pruebas clínicas confirmaron la presencia de la cepa Andes del hantavirus, una variante inusual debido a su capacidad de transmisión de persona a persona, superando el contagio habitual por contacto con roedores.
Desde entonces, las medidas y acciones han causado polémica, como lo que ocurrió cuando el barco de origen holandes llegó a Cabo Verde (África) pidiendo ayuda desesperadamente. Pero el gobierno de la isla entró en pánico por el riesgo de contagio y les dijo: «Aquí no bajan». El crucero se quedó flotando frente a la costa, bloqueado, con la gente encerrada en sus camarotes viendo cómo los enfermos empeoraban.
Tras días de drama diplomático, la Unión Europea tuvo que intervenir y decidió que el barco no podía seguir vagando como un «barco fantasma». Mientras tanto, los Países Bajos enviaron aviones médicos para sacar a los pacientes más críticos. Mientras tanto el barco se dirige a Tenerife en España, ya que el gobierno aceptó que el navío atraque en las Islas Canarias pero bajo medidas de seguridad máximas, según informó el Ministerio de Sanidad de España.
Sin embargo, unas 150 personas todavía continúan dentro del MV Hondius, confinados en su camarotes y con «estrictas medidas de precaución». De esta manera, el brote de hantavirus en el MV Hondius ha dejado de ser únicamente una emergencia médica para convertirse en una crisis que afecta la diplomacia internacional, la seguridad portuaria y la confianza en el turismo de expedición.
La crisis ha puesto a prueba los tratados de auxilio en el mar frente a la seguridad nacional de los estados costeros. El rechazo de Cabo Verde fue uno de los momentos más críticos. Por temor a una propagación incontrolada, las autoridades impidieron el desembarco, dejando al buque en una “zona gris” legal y sanitaria, sin acceso a puerto ni atención ágil para los pasajeros.
La presión pasó a España, que enfrentó un dilema ético y político. Aunque hubo reticencias iniciales, se autorizó el arribo al puerto de Granadilla, en Tenerife, bajo estrictos controles sanitarios.
En paralelo, Países Bajos intervino por tratarse de un buque de su bandera y envió ambulancias aéreas para evacuar a los casos más graves, evitando trabas burocráticas y acelerando la atención médica. Así mismo, el hecho de que la cepa identificada sea la Andes, capaz de transmitirse entre personas, ha activado protocolos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que no se veían desde la pandemia de 2020.
Con esto ocurriendo en tierra firme, dentro del crucero continúan las personas confinadas y en pánico a la espera de poder salir vivo de la embarcación y reencontrarse con sus familiares. Se pudo confirmar que dentro del MV Hondius hay la presencia de pasajeros de 23 nacionalidades diferentes, que ha generado una compleja red logística coordinada por el Mecanismo Europeo de Protección Civil para asegurar que cada ciudadano regrese a su país sin riesgo de iniciar nuevos brotes locales.
