El gobierno de Cuba denunció en las últimas horas un recrudecimiento del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos, al que calificó como un “asedio permanente” que se ha intensificado en los últimos meses con nuevas medidas restrictivas y declaraciones que, según señalaron, incluyen amenazas de carácter militar.
Desde La Habana se advirtió que el endurecimiento del cerco energético agrava el impacto de una política sostenida durante más de seis décadas, con consecuencias directas sobre la vida cotidiana de la población. En ese sentido, las autoridades señalaron que las limitaciones en el acceso a recursos, insumos y financiamiento continúan afectando áreas clave como la alimentación, la salud y los servicios básicos.
El gobierno cubano calificó el bloqueo como un acto “ilegal e inhumano”, en violación del derecho internacional, y recordó que la medida ha sido condenada de forma reiterada por la comunidad internacional en el marco de la Organización de las Naciones Unidas. Asimismo, sostuvo que incluso dentro de Estados Unidos existe un creciente rechazo a esta política.
En ese contexto, se destacó la respuesta del pueblo cubano, al que se describió como un ejemplo de resistencia frente a las dificultades económicas y sociales. Según se indicó, tras la implementación de nuevas disposiciones a finales de enero, la población ha debido redoblar esfuerzos para sostener sus actividades cotidianas en un escenario de desabastecimiento.
Las autoridades también denunciaron la existencia de una “campaña de descrédito” contra el país, impulsada —según afirmaron— desde medios internacionales y sectores políticos que responsabilizan al gobierno cubano por la crisis interna sin considerar el impacto de las sanciones externas. Entre los argumentos cuestionados se mencionó la inclusión de Cuba en listas vinculadas al terrorismo, así como su caracterización como una amenaza para la seguridad estadounidense.
En respaldo a su posición, el gobierno recordó documentos históricos de la política exterior estadounidense, como el memorando de 1960 del entonces funcionario Lester Mallory, en el que se planteaban estrategias para debilitar la economía cubana con el objetivo de generar descontento interno.
Además, denunciaron que estas presiones se extienden a terceros países, señalando que Washington promueve la ruptura de vínculos diplomáticos con La Habana e impulsa la salida de profesionales cubanos —especialmente del sector salud— que prestan servicios en distintas regiones del mundo.
Pese a este escenario, Cuba destacó el apoyo de varios países que mantienen relaciones de cooperación con la isla, entre ellos México, Rusia, China y Vietnam, así como de organizaciones y movimientos solidarios internacionales.
Finalmente, las autoridades reafirmaron su posición de defensa de la soberanía nacional y del sistema político vigente, al tiempo que convocaron a la movilización interna e internacional en respaldo a la isla. En esa línea, el presidente Miguel Díaz-Canel sostuvo que la continuidad del proceso revolucionario depende del compromiso de su pueblo frente a los desafíos actuales.
