Estados Unidos está aplicando las más drásticas políticas antimigratorias implementadas por el gobierno de Donald Trump, así como de la inquietante colaboración del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
Este episodio revela no solo la brutalidad de la política migratoria estadounidense, que parece ignorar incluso las órdenes judiciales, sino también el uso de la deportación como un instrumento de control social y la criminalización de los migrantes, quienes ya enfrentan múltiples desafíos.
La situación en El Salvador, bajo la dirección de Bukele, ha tomado un giro alarmante, transformándose en lo que muchos describen como una «gran prisión».
Con estadísticas que indican que uno de cada 57 salvadoreños se encuentra encarcelado, y un 9% de los hombres jóvenes de entre 25 y 29 años tras las rejas, el estado de excepción se ha instaurado como una norma aceptada que permite la violación sistemática de derechos humanos.
La narrativa de Bukele, que se presenta como un firme defensor de la seguridad pública, ha resultado en una militarización de la sociedad y una creciente represión de cualquier forma de oposición o disidencia.
El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) se ha convertido en un símbolo aterrador del enfoque de Bukele hacia la migración y la delincuencia. La disposición del gobierno salvadoreño para aceptar deportados desde Estados Unidos sin verificar previamente si han cometido delitos refleja una política de criminalización que no solo afecta a los migrantes, sino que también perpetúa un ciclo de violencia y exclusión social que es difícil de romper.
Durante su visita al CECOT, la prensa internacional fue testigo de las condiciones inhumanas a las que son sometidos muchos jóvenes. Muchos de ellos, tras haber pertenecido a pandillas, enfrentan acusaciones de terrorismo que los condenan a pasar largas penas de prisión, a menudo sin un juicio justo. Este enfoque punitivo no sólo desatiende las complejas realidades socioeconómicas que llevan a muchos a buscar una vida mejor en el extranjero, sino que también perpetúa un sistema que deshumaniza a los individuos y los convierte en meros números en una estadística.
La alianza entre Trump y Bukele, donde el presidente salvadoreño se presenta como un socio dispuesto a implementar medidas draconianas a cambio de apoyo estadounidense, destaca la alarmante falta de consideración por los derechos humanos en la agenda política de ambos líderes.
Esta relación se basa en un intercambio de intereses que prioriza la seguridad y el control sobre la dignidad y el bienestar de las personas, dejando a los más vulnerables en una posición precaria. La situación en El Salvador pone de manifiesto un panorama desolador en el que las políticas antimigratorias y la represión estatal se entrelazan de manera peligrosa. La criminalización de la migración, el encarcelamiento masivo y la falta de respeto por los derechos humanos son prácticas que continúan afectando a miles de personas, perpetuando un ciclo de violencia e injusticia que requiere una atención y acción urgente por parte de la comunidad internacional.
Es imperativo que se lleve a cabo un análisis profundo de estas políticas y se busquen alternativas que prioricen la dignidad humana y los derechos fundamentales de todos los individuos, sin importar su origen.
Si ya escuchamos esa versión y nos gustaría que el gobierno nos asegurara la captura de los narcos de alguna manera respetando los derechos humanos Ya sabemos que ellos no los respetan y pueden llegar a cortar cabezas como en México y también a niños
También sabemos que tienen amigos en todos los partidos políticos, en los medios de Prensa, que amenazan al Poder judicial Asi que en este contexto hablar de Derechos humanos resulta una superficialidad que la población no va a tolerar Esperamos que el gobierno se haga cargo y no crea que el votante de izquierda tolera cualquier explicación