Desde los años 60, la educación superior de América Latina empezó una larga transición desde su funcionamiento como un sector minúsculo, cuasi monopólico y público, hacia una masificación a través de una dinámica dual con un sector público y otro privado, que permitió cubrir las enormes demandas de formación superior. Ello contribuyó además a la diferenciación, el aumento de la calidad y a un financiamiento más equilibrado. En esa diversificación también irrumpió la educación superior a distancia y virtual, la formación superior tecnológica, así como una oferta internacional y decenas de otras tipologías universitarias, tanto públicas como privadas.
La diferenciación institucional con matices, aconteció en todo el continente, como base para alcanzar niveles de cobertura de masas con más del 50% de los jóvenes entre 18 y 24 inscritos en las instituciones superiores y una cobertura de más de 32 millones de estudiantes, cubierta en un 55% por el sector privado y el restante 45% de gestión pública como es actualmente. Ello fue resultado de políticas públicas de apertura a la oferta privada, y de impulso a igualdad de estándares y exigencias para ambos sectores, mayor flexibilidad y eficiencia de gestión en el sector privado y también en el sector público, buscar equilibrar entre la necesidad de una oferta de calidad pública, un modelo de gratuidad público y las limitaciones normales a los recursos presupuestales públicos, en un sector donde además los recursos financieros tienden a ser regresivos ya que son apropiados por los sectores más pudientes, dado la mínima cobertura de los quintiles de más bajos de ingreso.
Concomitantemente con esta gran transición, se ha pasado en casi toda la región de un sector público regulado, dependiente de los ministerios y de los gobiernos, a una dinámica universitaria pública autónoma y cogestionada, que introdujo problemas de pertinencia y calidad, y un sector privado altamente regulado, para finalmente iniciar una dinámica sistémica de regulación desde el Estado tanto sobre el sector privado como sobre el sector público y con ello propendiendo a crear lógicas similares de movilidad, calidad y eficiencia. Así, los estándares de la oferta y las exigencias de calidad, han tendido a ser iguales tanto para el sector público como para el privado, más allá de la diferencia de financiamiento. Ello acontece en todos los países salvo algunas raras y pocas excepciones como las que encontramos en Uruguay, El Salvador, República Dominicana o Costa Rica, donde el sector público es totalmente autónomo y se autoregula con sus propios estándares mientras que el sector privado es regulado por los Ministerios de Educación, con lo que se genera una dinámica desequilibrada falta de una lógica sistémica de los estándares de las ofertas, que deriva en fuertes diferencias de calidad. Ello no sólo ha derivado en que Uruguay es el país de América con mayor incidencia de la educación superior pública, coadyuvado por el acceso abierto (sin exámenes o evaluaciones), una gratuidad total, y estándares muy laxos de calidad de la oferta ante la ausencia de un sistema de evaluación externo, facilitado por una escasa diferenciación de las instituciones públicas. En este contexto, lo que hemos ido asistiendo es a una dinámica donde la oferta de calidad se ha ido lentamente focalizando en algunas universidades privadas y con ello se ha asistido a un pasaje de las elites y los sectores de más ingreso desde la universidad pública a esas universidades privadas. Lentamente las mejores posiciones profesionales comienzan a estar en manos de los egresados de algunas de las universidades privadas, en tanto que en los puestos intermedios de la pirámide profesional comienza a estar cubiertos por los egresados del sector público. Esto constituye un cambio de enorme dimensión, y se observa también en algunos países de la región.
Sin duda en la región, aunque hay instituciones privadas entre las universidades de mayor calidad, la dominancia de los estándares de calidad, medida por los rankings, corresponde a las universidades públicas, aunque no de las tradicionales basadas en cogestión simple, sino en las que tienen formas de gestión más eficientes, tales como la UNAM, USP, UNICAM, sistemas selectivos de acceso y orientación hacia los postgrados como las públicas de Brasil, Chile y Colombia. En los casos de acceso sin selección y baja diferenciación por monopolios como Uruguay, en el sector público se aprecia el continuo desbordamiento de los estudiantes con altas tasas de deserciones de los segmentos medios y bajos, junto con una mayor fuga de las elites hacia las universidades privadas. Enfoques academicistas e ideológicos refuerzan estas tendencias muy marcadamente frente a los enfoques más centrados en competencias del sector privado o en posgrados profesionales. Estamos asistiendo a una nueva realidad donde la educación privada es donde se forman las elites, en tanto en el sector público se habilitan los mecanismos de movilidad social y de reproducción de las capas medias pero con menos nivel de calidad y alta ineficiencia terminal.
