Los legisladores del Movimiento de Participación Popular (MPP), el senador Nicolás Viera y el diputado Carlos Rodríguez, respaldaron la decisión del Poder Ejecutivo de rescindir el contrato con el astillero español Cardama, responsable de la construcción de las patrullas oceánicas (OPV). Ambos coincidieron en destacar la “responsabilidad institucional” del gobierno de Yamandú Orsi y la necesidad de llegar “hasta el hueso” en la investigación sobre las irregularidades detectadas.
Viera calificó la medida como “responsable y necesaria”. “No había otro camino posible que aplicar la garantía cuando venció el aval y no existía su renovación”, explicó. Según el legislador, más allá de los argumentos de la empresa sobre un presunto error administrativo, “el hecho concreto es que Uruguay hoy no tiene una garantía de cumplimiento vigente ante un eventual incumplimiento del astillero Cardama”.
El senador valoró la actitud del Ejecutivo, al afirmar que “ha defendido los intereses del país y de la sociedad uruguaya en un negocio que representa cerca de 90 millones de dólares”. Recordó además que el Frente Amplio había denunciado desde el inicio las irregularidades del proceso y que informes técnicos de la Armada desaconsejan el acuerdo con Cardama.
Según Viera, la empresa china que originalmente había ganado la licitación fue descartada “por presiones de autoridades estadounidenses” durante el gobierno anterior, lo que derivó incluso en la renuncia del entonces comandante de la Armada, Gustavo Musso, quien consideraba que el camino elegido no era el adecuado.
También cuestionó los términos de la garantía de fiel cumplimiento: “Debió firmarse por 42 meses, pero se hizo por 12 y se demoró 11 meses en conseguirla, cuando las patrullas debían empezar a entregarse a los 18 meses. Eso no va a ocurrir, porque los plazos están muy retrasados”.
Viera subrayó que fue el actual gobierno quien, desde marzo, comenzó a controlar directamente la construcción de las embarcaciones, tras la decisión de la ministra de Defensa, Sandra Lazo, de enviar una delegación de la Armada a supervisar el trabajo en España. “Eso no lo hicieron ni Javier García ni Armando Castaingdebat”, apuntó.
Finalmente, reclamó una investigación a fondo: “Acá hay mucha oscuridad. Hay que investigar hasta el hueso, porque está en juego mucho dinero de todos los uruguayos”.
Por su parte, el diputado Carlos Rodríguez sostuvo que la información presentada por el presidente Orsi y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, “confirma un nuevo y triste capítulo de esta historia relacionada con las patrullas oceánicas”.
El legislador recordó que el Frente Amplio impulsó desde el inicio la necesidad de dotar a la Armada de este tipo de embarcaciones para garantizar la soberanía marítima, aunque remarcó que el proceso “fue irregular desde su origen”.
Rodríguez explicó que la licitación inicial fue ganada por una empresa china, que luego quedó desierta bajo la administración del exministro Javier García, y que posteriormente se optó por una compra directa al astillero español “por supuesta rapidez en la entrega”. Sin embargo, dijo, “ha sido quizás el caso más lento de construcción de patrulleras”.
El diputado señaló que se tardaron once meses en presentar las garantías, y que ahora se comprobó que “en realidad, nunca existieron”. “Valoramos que el Ejecutivo haya decidido dejar sin efecto la compra, en la que ya se habían desembolsado 28 millones de dólares”, indicó.
Rodríguez añadió que el gobierno iniciará acciones penales y civiles, además de incorporar nuevos elementos a la investigación administrativa que lleva adelante el Ministerio de Defensa Nacional. También destacó el papel de la ministra Lazo, quien “desde el primer día ha estado pendiente del tema, lo que permitió detectar las irregularidades”.
“Eventualmente, la investigación determinará qué acciones seguir”, concluyó Rodríguez.
Parece que la rescisión no va a resultar fácil, los contratos antes de ser firmados deben ser leídos y no por un médico de niños sino por un abogado que sepa de contratos principales, accesorios, etc. y se informe sobre sus consecuencias, pero todo eso ANTES de poner la firma, después andá a llorar al cuartito de los ineptos y mejor dedicate a lo tuyo que son los pañales.
En negocios y contratos, litigar es lo último. Siempre se trata de agotar los recursos amistosos y conciliar.
Parece que aquí se busco litigar y confrontar desde el principio.
El contrato fue malo desde el inicio cuando se eligió el quinto oferente rechazando a Lurssen, el ganador. Se quería algo caro a precio de ganga, a no quejarse, pero luego de hecho, hay que ser serios.
Parece que gobierno y oposición están en modo confrontacion al estilo EEUU o Argentina.
Siguen depredando nuestro mar.
Salimos perdiendo los uruguayos.
Algunos depredando nuestro mar y algunos otros depredando nuestra tesorería. Cardama parece de buena fe (solo parece), una posible historia es transformar parte de la entrega inicial (dinero blanco salido de las arcas de Uruguay para la compra de dos lanchas) por una parte no tan blanca (?) a otras arcas.
Recordar que Politico Pillo tiene SU SUEGRO RUSO viviendo en Europa y sacaran sus propias conclusiones….El que Nace Carroñero también es NARCO-PILLO…
Bueno Si hay motivos para rescindir Lo que no se debe quedar es sin vigilancia O hacerles todo fácil a los narcos?
También con los aviones para tal fin