La Honorable Cámara de Senadores conformó en abril, una Comisión Especial para investigar la llamada “Mafia de los Pagarés”, encabezada por el senador Rafael Filizzola e integrada por varios legisladores. Su misión es indagar una feroz red de descuentos irregulares y embargos a salarios en su mayoría funcionarios públicos, a quienes la Comisión fue asistiendo, y a la vez manteniendo un trabajo coordinado con instituciones como el Ministerio de la Defensa Pública, la Corte Suprema de Justicia y otras entidades públicas para proteger a las víctimas y reformar normas del sistema.
La investigación destapó un entramado de fraudes que durante años sometió a trabajadores activos, jubilados e indígenas, a endeudamientos imposibles, descuentos abusivos y juicios ejecutivos plagados de irregularidades. El hallazgo expone, el modo en que empresas de crédito, de cobranza y actores judiciales aprovecharon vacíos legales para multiplicar deudas y embargar salarios, dejando a familias enteras en la ruina.
Las historias reveladas por la Comisión conmueven por su crudeza. Ninfa, una maestra jubilada de Carayao, pidió en 2007 apenas USD 120 para costear el tratamiento oncológico de su hijo. Lo que creyó eran simples copias resultaron ser pagarés en blanco. Durante una década sufrió descuentos sin explicación y, ya jubilada, fue demandada otra vez. En 2017, la empresa aparecía hasta 18 veces en sus extractos, con montos que triplicaban la deuda inicial.
El caso de Sixto, docente indígena, muestra la misma lógica perversa. En 2018 recibió su primer salario de USD 250 y compró a crédito por unos USD 180. Terminó pagando más de USD 1.080, y luego aparecieron deudas desconocidas que superaron los USD 1.500, con embargos que alcanzaron reclamos de hasta USD 11.000. Hoy enfrenta 18 juicios ejecutivos que suman más de USD 27.000, sin haber sido notificado ni contar con defensa, percibiendo apenas el 44% de su sueldo.
Otros casos, como el de Isabelino —un hombre con discapacidad auditiva severa y analfabetismo—, acumulan deudas por USD 16.800 en seis entidades, mientras tres docentes indígenas de Caazapá fueron demandados en procesos idénticos, con firmas que niegan haber estampado. En estos expedientes aparecen jueces ya procesados penalmente por la Fiscalía, lo que refuerza las sospechas de falsificación y manipulación documental.
La Comisión Especial no solo expuso las historias de las víctimas, los distintos modus operandi de esta trama, sino también a los responsables. La Fiscalía imputó a decenas de personas, entre ellas jueces, actuarios y abogados, por promover juicios con documentos falsos. Algunos magistrados fueron apartados de sus cargos y enfrentan procesos penales, mientras en el Congreso se debatió incluso la posibilidad de juicio político contra ministros de la Corte Suprema, acusados de no haber frenado el esquema pese a las denuncias.
Los avances legislativos impulsados por la Comisión incluyen límites a los descuentos salariales, devolución de pagarés indebidamente ejecutados y levantamiento de embargos ilegítimos. Sin embargo, la magnitud del fraude es alarmante: más de 6.600 víctimas y embargos que alcanzan los 2,2 billones de guaraníes, equivalentes a unos USD 314 millones, cifras que confirman que no se trató de casos aislados, sino de una voraz conspiración carroñera e institucionalizada que prosperó durante años, en tierras guaraníes, a costa de los más vulnerables.
