Mientras el Poder Ejecutivo solicita una nueva prórroga de la intervención y un nuevo respaldo financiero para el CASMU, el debate político comienza a trasladarse también al Parlamento, donde legisladores de dos bancadas han planteado la necesidad de evaluar la continuidad de las actuales autoridades de la institución.
Desde esos sectores se sostiene que, luego de años de intervención estatal y de sucesivos mecanismos de asistencia financiera, los resultados obtenidos no han logrado revertir la delicada situación económico-financiera del prestador. En ese contexto, consideran que la remoción de las actuales autoridades debería integrar las alternativas a analizar si el proceso de reestructura continúa sin alcanzar los objetivos previstos.
«En ámbitos vinculados al CASMU también se han planteado cuestionamientos sobre el grado de dedicación de la actual conducción institucional. Diversas fuentes consultadas sostienen que el presidente del CASMU, Dr. Beltramelli, no mantendría una presencia permanente en la institución, lo que ha generado críticas respecto al liderazgo ejercido en una etapa considerada clave para la recuperación económico-financiera del prestador. Diario La R intentó obtener la versión de las autoridades sobre este punto.»
«La dedicación de la presidencia también forma parte del debate. En sectores políticos y sindicales existen cuestionamientos sobre el nivel de presencia de la máxima autoridad de la institución durante el proceso de reestructura. Desde esos ámbitos entienden que, frente a una crisis de esta magnitud, la conducción requiere una dedicación ejecutiva permanente. Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial del CASMU sobre esos cuestionamientos.»
En el MSP cuestionan el nivel de dedicación de la conducción del CASMU
Además de las dificultades económicas que enfrenta el CASMU, en el Ministerio de Salud Pública también existirían cuestionamientos sobre el grado de dedicación de la actual conducción de la institución durante un proceso considerado decisivo para su recuperación.
De acuerdo con fuentes vinculadas al Ministerio de Salud Pública consultadas por Diario La R, existe preocupación por la ausencia de una dedicación ejecutiva de tiempo completo por parte de la actual presidente, en momentos en que la mutualista atraviesa una compleja reestructura financiera y administrativa bajo intervención estatal.
Las mismas fuentes sostienen que una institución que ha requerido sucesivos rescates financieros, permanece intervenida desde 2024 y vuelve a solicitar un nuevo respaldo económico del Estado necesita una conducción con presencia permanente y un seguimiento diario de las decisiones estratégicas, financieras y asistenciales.
En ese contexto, distintas fuentes ministeriales señalaron que la figura del presidente del CASMU, Dr. Domingo Beltramelli, ha sido objeto de observaciones internas respecto al nivel de dedicación a la gestión cotidiana de la institución. Según indicaron, dentro del Ministerio existe la convicción de que el escenario actual demanda una conducción con dedicación ejecutiva plena, acorde con la magnitud de la crisis que enfrenta el principal prestador privado del Sistema Nacional Integrado de Salud.
Estos cuestionamientos se producen mientras el Poder Ejecutivo solicita al Parlamento una nueva asistencia financiera para el CASMU y propone extender la intervención por hasta dos años adicionales, además de reforzar los mecanismos de control sobre la gobernanza de las instituciones que reciben respaldo del Estado.
En paralelo, el debate político también comienza a trasladarse al Parlamento. Legisladores de distintas bancadas han planteado la necesidad de evaluar no solo la continuidad de la intervención, sino también la responsabilidad de la conducción institucional en los resultados obtenidos hasta el momento. En ese marco, la eventual continuidad de las actuales autoridades aparece como uno de los temas que podrían formar parte de la discusión política si el proceso de reestructura no muestra avances concretos en los próximos meses.
Consultadas por Diario La R, autoridades del CASMU no formularon comentarios sobre estos cuestionamientos al cierre de esta edición.
La discusión parlamentaria coincide con el nuevo proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, que propone extender la intervención hasta por dos años adicionales y reforzar los mecanismos de control sobre la gobernanza de las instituciones que accedan al Fondo de Garantía. Entre las novedades se incorpora la exigencia de que futuras designaciones de integrantes de los consejos directivos, la gerencia general y otros cargos estratégicos cuenten con la no objeción previa del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio de Economía y Finanzas, en función de criterios de idoneidad, experiencia y ausencia de conflictos de interés.
En ese escenario, fuentes políticas entienden que la continuidad de las actuales autoridades del CASMU dependerá de la evolución del plan de reestructura y de los resultados que se obtengan en los próximos meses. La eventual remoción de la conducción de la institución, impulsada por legisladores de dos bancadas parlamentarias, comienza así a formar parte del debate político en torno al futuro del principal prestador privado del Sistema Nacional Integrado de Salud.
La segunda etapa de la intervención no logró encaminar las cuentas del CASMU
La continuidad de la intervención estatal en el CASMU abre un inevitable debate sobre los resultados obtenidos desde que el Ministerio de Salud Pública decidió extender las medidas excepcionales sobre la institución. En esta segunda etapa, bajo la gestión de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, el objetivo central era consolidar un proceso de recuperación económica y financiera que permitiera garantizar la sustentabilidad del principal prestador privado del Sistema Nacional Integrado de Salud.
Sin embargo, los hechos reflejados en el nuevo proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo muestran que esa meta aún no se ha alcanzado. El propio Gobierno reconoce que el CASMU mantiene dificultades estructurales que obligan a solicitar un nuevo acceso al Fondo de Garantía, además de prorrogar la intervención y reforzar los mecanismos de control sobre su gobernanza.
Más allá de las medidas de ahorro implementadas por las autoridades de la institución y del trabajo desarrollado durante la intervención, el diagnóstico oficial admite que el elevado nivel de endeudamiento y el peso de los intereses financieros continúan comprometiendo la estabilidad económica del prestador.
La realidad es que, tras años de intervención sin desplazamiento de autoridades, el Estado vuelve al Parlamento para solicitar nuevas herramientas extraordinarias. Ello plantea interrogantes sobre la eficacia de la estrategia aplicada y sobre la capacidad de la intervención para cumplir el objetivo que justificó su implementación: encaminar las cuentas del CASMU y asegurar una recuperación sostenible.
Es importante distinguir entre la necesidad de preservar la continuidad asistencial de más de 171.000 usuarios y la evaluación de los resultados de la intervención. Garantizar la atención sanitaria constituye una prioridad para el Estado. Pero esa obligación no exime de analizar críticamente si las medidas adoptadas han sido suficientes para corregir las causas estructurales de la crisis financiera.
En definitiva, el nuevo proyecto de ley constituye también una evaluación implícita si está sujeto a la constitución de nuestra república y del proceso de intervención. Si la institución requiere un nuevo respaldo financiero, una prórroga excepcional y mayores controles para su conducción, es razonable que el Parlamento y la ciudadanía exijan una rendición de cuentas sobre los resultados alcanzados hasta el momento y sobre las perspectivas reales de recuperación.
A su vez el MSP embreta al parlamento nacional a resolver estos en dos días hábiles,hecho que generó malestar en el legislativo.
