A raíz de la Censura de la IMM: Cuando la política no asume responsabilidad, irrumpe la judicialización

En esta semana judicialice el acto de censura que me aplicó la Directora del Teatro Solís, Malena Muyala. Ella ante una propuesta de exhibición de obras plásticas acompañada de unos textos de análisis y reflexiones y parte integral de dicha muestra, me censuró y dispuso que los textos tenían que modificarse para poder exhibirse. Con absoluta claridad determinó que su decisión implica la actualización de los textos de la propuesta artística para que se ajusten a la perspectiva inclusiva. Posteriormente en la prensa refirió a una Guía de Lenguaje Inclusivo como eje de la exigencia. A la solicitud inmediata de reunión aclaratoria de dicha censura, no me recibió reafirmando con ello el acto arbitrario y contrario a derecho de la censura.  

La censura, tal como se define en muchas jurisprudencias, es la “acción de examinar una obra destinada al público, suprimiendo o modificando la parte que no se ajusta a determinados planteamientos políticos, morales o religiosos, para determinar si se puede o no publicar o exhibir”. Ello es algo que, siguiendo toda la normativa internacional de los derechos humanos, también prohíbe claramente la Constitución de Uruguay que establece en su artículo 29 que es “es enteramente libre en toda materia la comunicación de pensamientos por palabras, escritos privados o publicados en la prensa, o por cualquier otra forma de divulgación, sin necesidad de previa censura; quedando responsable el autor y, en su caso, el impresor o emisor, con arreglo a la ley por los abusos que cometieren”. Además, la propia Constitución establece que “ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”. Se me pretendía hacer algo que las leyes no me obligan. Es meridianamente claro que la acción de Muyala, fue un acto de censura previa en tanto “examen y aprobación que de ciertas obras hace un censor autorizado antes de 

hacerse públicas”. Implicó dijimos la existencia de una policía de pensamiento que evaluaba si mis textos se ajustaban a ese lenguaje inclusivo, que ni la real academia acepta y que no es ley en nuestro país ni nada parecido. 

Ante este acto violatorio de las normas por el Teatro Solís, solicité en carta a la Intendenta de Montevideo, Carolina Cosse que abriera una investigación o destituyera a la Directora por esa acción. Era meridianamente claro que se había cometido una irregularidad importante a derechos fundamentales establecidos por las leyes y la propia Constitución. En este contexto, introduje una demanda por violación de los derechos humanos ante la Institución Nacional de los Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo (INDDHH) que se encarga de estos temas. El Consejo Directivo de esta Institución habilitó el inicio del proceso a partir de un informe interno favorable del Área de Defensoría. Igualmente en este contexto se solicitó informa a la Sala de Abogados del Congreso de Intendentes sobre lo afirmado por Muyala que ella se apoyaba para ello en la aprobación de una Guía de Lenguaje Inclusivo por el Congreso de Intendentes. La Sala de Abogados al contrario informó que dicha guía nunca había sido aprobada y por ende que no tenía sustentación legal por el Congreso de Intendentes no la había aprobado dicha, reafirmando claramente la ausencia de cualquier marco legal que imponga que el Teatro Solís me les permita censurarme y pretender modificar mi obra. Igualmente, ante el veto a dicha exposición que estaba acordada y con fechas y condiciones previas establecidas, tuve que encarar presentarla a otros ámbitos y finalmente el Ministerio de Educación, que acogió la propuesta y me ofreció una sala para exponer la muestra, que también reafirma que hubo un acto de censura por la IMM. 

Finalmente, la semana pasada, o sea dos meses después de mi carta, la Intendente me respondió –aun incluso no formalmente- expresando simplemente que según el Teatro Solís “no hubo una restricción a la libertad artística sino una invitación al diálogo”. Esta respuesta implica por parte de la Intendenta Cosse el aval a la censura previa que se realizó. Ello además se muestra que incluso para esa afirmación no realizó ninguna investigación. En este contexto, anulada cualquier vía administrativa ante de hecho una “conchupancia de intereses” (alianza censurable o vergonzosa entre funcionarios o empleados para lograr un beneficio económico o político), decidí ir a la justicia. Ello además se reforzó por las declaraciones de la semana pasada de la Directora de Cultura y la Prosecretaria la IMM que al responder al llamado que la Comisión de Cultura de la Junta Departamento, no asumieron las responsabilidades y pretendieron que la censura previa no era tal. Ante este cuadro, resolví introducir una demanda penal contra Malena Muyala por abuso de funciones, con la asistencia técnica y jurídica del exFiscal y ex Juez Enrique Moller. Cuando la política y la gestión son irresponsables para encarar los problemas por redes de amiguismo, estos se judicializan. Es lo que me tocó hacer.