Sin embargo, en las últimas décadas, ese refugio se ha convertido en un terreno minado por la especulación, donde el dólar —y no el peso— dicta las reglas del juego.
El mercado inmobiliario uruguayo, desde la compraventa hasta el alquiler, vive bajo un régimen de facto de dolarización estructural. No se trata solo de un hábito o de una “tradición del sector”, como suelen justificar las inmobiliarias. Es, en el fondo, una expresión de desconfianza crónica: hacia la moneda local, hacia la política económica y hacia la posibilidad de que el país piense su desarrollo en su propio idioma monetario.
La renta verde: ganadores y perdedores
Para quienes invierten, dolarizar significa blindar el valor de su activo frente a la volatilidad del peso. Para quienes alquilan, significa pagar un precio vinculado a una moneda que no ganan.
El resultado es una brecha social silenciosa, pero persistente: un país donde la vivienda —derecho básico según la Constitución— se transa en una divisa extranjera, inaccesible para la mayoría de los asalariados.
El inquilino promedio vive en pesos, pero paga en dólares. Esa simple ecuación explica buena parte del malestar urbano. La dolarización inmobiliaria convierte el techo en un producto financiero y al hogar en un campo de tensión entre la lógica del mercado y la necesidad humana.
El mito del refugio seguro
Los defensores del sistema argumentan que el dólar “da seguridad”, que “preserva el valor real” y que “sin esa referencia, nadie invertiría”. Pero esa seguridad es, en realidad, un espejismo colectivo.
Porque si bien estabiliza el valor para el propietario, desestabiliza la vida del inquilino, que depende de ingresos locales que pierden poder adquisitivo en cada devaluación.
Uruguay, como otros países latinoamericanos, vive atrapado entre dos racionalidades: la emocional —la del miedo a perder— y la económica —la de la dolarización como escudo—. En ese punto medio, el ladrillo se convierte en símbolo de estatus, pero también en barrera de entrada para miles de familias jóvenes que quedan fuera del mercado.
¿Desdolarizar o repensar?
Hablar de desdolarizar el mercado inmobiliario no es fácil ni popular. Sin embargo, varios economistas proponen mecanismos graduales de transición, como fijar contratos de alquiler en pesos con indexación a la inflación o crear instrumentos financieros en moneda local que permitan preservar el valor del ahorro sin necesidad de recurrir al dólar.
Más que una cruzada ideológica, se trata de una decisión cultural. Recuperar la confianza en el peso implica creer nuevamente en el país, en su estabilidad y en su futuro.
Mientras tanto, los billetes verdes seguirán siendo el idioma del ladrillo. Pero cada vez más uruguayos comienzan a preguntarse si no ha llegado la hora de construir algo más sólido que un muro de dólares: una política de vivienda que mire a las personas, no al mercado.
No sé de dónde saca el articulista que los alquileres se fijan en dólares. Si los arrendamientos con destino a casa habitación se rigen por leyes del período dictatorial que fijan el monto en pesos, establecen su reajuste con arreglo a índices estadísticos, y además, sonde orden público, o sea, no pueden sustituirse por acuerdo de partes. Las compraventas sí se transan en dólares, y eso por la práctica comercial que viene también de aquella época. Pero además: si hasta el presupuesto nacional se discute en dólares, qué nos va a extrañar la dolarización de la economía?
Viejo tema de política económica cuya discusión ha trascendido ya varias generaciones de gobiernos de todos los colores, sin que ninguno de ellos haya movido un dedo para eliminar esa bofetada al ciudadano que recibe su salario en moneda nacional.
Existe un mecanismo que en verdad parece que poco se utiliza, ya sea por la asnal (e inútil para el consumidor) «tradición dolarizante» del mercado o por la ignorancia y falta de imaginación de los protagonistas que actúan en el sector inmobiliario.
Este mecanismo, el cual hemos personalmente empleado en más de una ocasión y con éxito, consiste en poner el precio de venta de propiedades y vehículos automotores en unidades indexadas (UI).
Utilizando una inmobiliaria local –y ante todos los intentos de convencernos de lo contrario– pues pusimos a la venta una casa normal de 3 dormitoeios con su precio destacado en UI.
La propiedad fue vista por unos 6 interesados y a los 10 días se vendió y se pagó en pesos uruguayos en el Banco Hipotecario, de acuerdo a la cotización de la UI al día de la firma de los documentos de compraventa.
Hubo preguntas, sí, curiosidad, cálculos y se destacó la ventaja de no tener que «ir a un cambio» a buscar una moneda extranjera cuya valoración real y fluctuación internacional están fuera del alcance de las autoridades nacionales.
El mismo mecanismo utilizamos para vender un automotor Mercedes Benz, cuyo precio fue establecido en UI, y los comentarios de quienes participaron en la transacción fueron todos positivos.
Entonces, con esta pequeña prueba práctica de buen resultado ¿qué impide difundir la idea y generalizarla? No hay nada que perder por parte de los compradores, los cuales estarán sin duda pagando un precio acorde al estado de la economía dentro de la cual viven, evitando caprichos o aventuras de gobiernos extranjeros a los cuales es imposible controlar, que deciden sus acciones de acuerdo a sus propias realidades económicas, situadas a años luz de la nuestra.
Si la idea de utilizar UI se difunde y se destacan sus evidentes ventajas para el consumidor final, tal vez –soñar no cuesta nada– se podrían luego juntar firmas para que se efectúe un referendum que incluya el uso obligatorio de UI en el establecimiento de precios de inmuebles y rodados.
Los argumentos de los importadores, pues son todos discutibles y la discusión que planteen será perdida, pues lo único que pueden perder son los márgenes producidos por su especulación con divisas y no su ganancia legal, la cual estará garantizada por la transparencia y regulación de sus transacciones.
Esto es sólo una idea, tal vez suene extraña a los oídos «dolarizados» pero es indiscutible que llevará a una normalización de precios de acuerdo a la realidad económico-financiera del país.
En otros medios, lejanos a nuestra realidad, el mercado inmobiliario se maneja en forma diferente, se usa la moneda local obviamente, y eso da lugar a la existencia de franjas de precios con más alternativas en los inmuebles a la venta, lo cual hace que un porcentaje muchísimo mayor de la población tenga acceso a la vivienda propia, lo cual es, sin duda alguna, uno de los derechos humanos más importantes.
Con honestidad creemos que cualquier gobierno que se jacte de tal, y por un motivo de soberanía e independencia, hasta de orgullo nacional si se quiere, debería implementar el uso obligatorio de su moneda nacional cuya acuñación y garantía es un deber legal hacia la ciudadanía. El uso paralelo de una divisa extranjera en transacciones dentro de fronteras debería ser penado por la ley, al momento en que esa divisa se convierte en un competidor desleal gobernado por leyes monetarias foráneas que no son aplicables dentro del territorio nacional y sobre el cual la autoridad monetaria o el gobierno nacional no poseen autoridad alguna en su regulación.
La acción gubernamental de permitir un mercado paralelo de precios en una moneda extranjera no es más que un mero acto de traición legalizado que actúa en detrimento de la realidad del poder adquisitivo de la ciudadanía.
El crear un microcosmos artificial donde un gobierno controla la fluctuación de una divisa sobre la cual no tiene control de emisión ni dominio sobre los parámetros que determinan su valor real, pues no es más que un juego atrevido e irrespetuoso que viola los derechos fundamentales de los habitantes creando una barrera casi impenetrable para alcanzar bienes creados con su propio esfuerzo y trabajo pagado en pesos uruguayos.
En algún momento deberá tomarse conciencia de esta estafa moral y material y actuar en consecuencia.
De lo contrario la traición hereditaria se convertirá en traición genética y cambiará la bandera bajo cuyos colores dejaron la vida los héroes que lucharon por nuestra total independencia.