Fentanilo: un medicamento imprescindible que exige un Estado vigilante

Pero antes de caer en alarmas fáciles conviene poner las cosas en su lugar: el fentanilo no es un invasor ajeno, ni un fenómeno importado de series policiales. Es, ante todo, un medicamento. Un analgésico extremadamente potente, utilizado en hospitales desde hace décadas para aliviar dolores que ningún otro fármaco logra controlar. En cirugías, cuidados intensivos y tratamientos paliativos, el fentanilo salva vidas y mejora la calidad de las que ya no pueden salvarse.

El problema aparece cuando un medicamento tan eficaz actúa, al mismo tiempo, como una sustancia de alto riesgo. Su potencia —que permite su uso terapéutico— es la misma que vuelve crítica cualquier desviación. La distancia entre una dosis adecuada y una dosis fatal es mínima, y esto explica por qué países como Estados Unidos enfrentan una crisis sanitaria sin precedentes causada por su uso no médico. Esa lección global debería ser suficiente para recordar que, ante el fentanilo, la frontera entre salud pública y seguridad pública es especialmente delgada.

En Uruguay, el uso médico del fentanilo se mantiene dentro de los márgenes adecuados, con protocolos hospitalarios estrictos. Sin embargo, los episodios recientes —robos de ampollas, incautaciones aisladas, investigaciones sobre posible desvío— muestran que el sistema no es infalible. No hay evidencia de un mercado ilícito consolidado, pero sí señales de que la cadena de control tiene puntos vulnerables. En un país donde los sistemas de vigilancia de drogas funcionan, cada alerta debe tomarse como una oportunidad para anticipar problemas, no para negarlos ni exagerarlos.

Por eso, la discusión no debería centrarse en demonizar al fármaco, sino en fortalecer su custodia. Uruguay necesita auditorías más rigurosas en centros de salud, trazabilidad real de los opioides, capacitación continua para los equipos médicos y protocolos unificados para el manejo de sustancias de alta potencia. Los hospitales deben tener controles tan exigentes como los aeropuertos: cada ampolla que entra y sale debe quedar registrada, revisada y, si es necesario, investigada.

Al mismo tiempo, una política de salud seria debe incorporar la prevención de daños. La disponibilidad de naloxona, el antídoto que revierte sobredosis, debería ser un estándar para emergencias prehospitalarias. La información pública también importa: la ciudadanía necesita entender que el fentanilo médico no es la “droga zombi” de los titulares sensacionalistas, sino una herramienta terapéutica valiosísima que requiere cuidado y vigilancia.

Uruguay está en un momento clave. A diferencia de otros países, todavía puede actuar antes de que el problema se descontrole. La pregunta no es si el fentanilo debe usarse —porque es indispensable—, sino cómo garantizar que su uso se mantenga estrictamente dentro del ámbito médico. La salud pública depende de esa claridad: proteger a quienes necesitan este medicamento y, al mismo tiempo, impedir que se convierta en un riesgo añadido en un contexto ya tensionado por el avance del crimen organizado.

El desafío es doble: asegurar el acceso y asegurar el control. Lo que está en juego no es solo un insumo hospitalario, sino la confianza en un sistema de salud capaz de actuar con responsabilidad ante los riesgos del presente. En Uruguay, todavía estamos a tiempo de hacerlo bien.