Entre las inequidades más importantes de la educación superior en el Uruguay es la desigualdad entre el interior y la capital en términos de oferta, acceso y egreso. Esta limitación contribuye a la escasa cobertura e incide también en una mayor inequidad y desigualdad social, ya que impacta con más intensidad a las familias de menores recursos, ya que las de mayores ingresos tienen capacidad para financiar el estudio de sus hijos en Montevideo. Esta desigualdad educativa se traslada el empleo y los salarios por la desigualdad del capital humano. Las becas han contribuido a reducir una parte de esos impactos, pero su dimensión es muy superior al problema y apenas compensan en una proporción acotada. Ante esta realidad diversas políticas en las últimas décadas han propendido a paliar esta tragedia educativa con muy distintos resultados.
La primera estrategia publica de regionalización de la educación superior se produjo en la formación terciaria docente terciaria desde el año 1995 cuando se crearon los Centros Regionales de Profesores (CERP) de la ANEP. Esta iniciativa bajo el impulso de German Rama, marco con la regionalización la superación del monopolio del IPA en Montevideo y creó centros de formación en Rivera, Salto, Paysandú, Colonia, Florida y Atlántida. Estos se apalancaron con mejores condiciones para trasladar y radicar profesores y un sistema de becas estudiantiles para dedicación a tiempo completo, y resultó altamente positivo en las ciudades más grandes, pero las experiencias en Atlántida y especialmente en Florida han sido muy limitadas por la escasa oferta y la baja demanda. Esta estrategia no continúo posteriormente.
Otra distinta estrategia política de regionalización de la educación superior, fue la autorización a la oferta privada permitiendo la creación de universidades, institutos y sedes de las universidades privadas en el interior. Ello se produjo desde los años 2000 luego de la creación de las universidades privadas, pero posteriormente se establecieron estándares y exigencias de infraestructuras y docentes locales que limitaron seriamente la viabilidad institucional, las ofertas locales y la apertura de muchas sedes. Algunas instituciones fueron intervenidas, otras fueron languideciendo por la escasa oferta como institutos y la apertura de sedes de las universidades privadas autorizadas se limitó a unas pocas ciudades como Salto, Paysandú, Maldonado y Colonia, en el marco incluso de normas inconstitucionales que impusieron la regulación del derecho al trabajo por Decreto. Hubo una notoria limitación burocrático-política a la descentralización privada desde el 2006 en adelante y casi no hubo nuevas sedes o instituciones en el interior. Muy recientemente se ha comenzado tímidamente a flexibilizar algunas de las regulaciones.
Otra estrategia de acceso terciario, se desarrolló desde el 2000 mediante la expansión de ofertas técnico profesionales terciarias del CETP-UTU, incluyendo sus sedes de educación media del interior. Aún con problemas de estándares y limitadas ofertas, esta estrategia ha alcanzado una alta cobertura y regionalización. Otra estrategia de regionalización de la cobertura, esta vez universitaria, se produjo desde el 2012 con la superación del monopolio universitario y la creación de la Universidad Tecnológica (UTEC) centrada en ofertas tecnológicas a través de Centros regionales. Estos se han ido expandiendo lentamente a varios departamentos así como diversificando sus ofertas. Ellos cubren demandas selectivas de formación superior con una cobertura relativamente limitada, fundamentalmente por ser un modelo de calidad y no de absorción de demanda.
Otra de las estrategias, y la más importante de regionalización, por el actor y por su alcance, fue la impulsada por la UDELAR desde el 2008 con la creación de Centros Regionales, y que implicó grandes niveles de inversión, radicación docente y reestructuraciones institucionales propendiendo a una mayor desconcentración institucional, aunque aún con menores niveles de autonomías en sus gobernanzas.
Ello estuvo acompañado por nuevas ofertas concebidas para los mercados específicos donde se instalaban, muchas de las cuales estaban articuladas a su continuidad en Montevideo o que no eran competitivas con estas ofertas. Los menores estándares propios de la Udelar, los altos recursos públicos y la ausencia de otras oportunidades de acceso propiamente universitarias dieron una alta sustentación a esta estrategia en términos de cobertura. Así, de dos sedes aisladas, con limitada capacidad y alguna carrera no completa se pasó en 14 años a una regionalización con 6 sedes regionales (Maldonado, Rocha, Paysandú, Salto, Tacuarembó y Rivera). Todo el conjunto de estrategias políticas fragmentadas finalmente está incrementando lentamente la cobertura de la educación superior en el interior, aunque sus impactos son limitados por diversos problemas de regulación, calidad, gobernanza, coordinación o deserción, que requeriría un plan y una acción integral.
