Una democracia en el filo, cuando la política toma la Constitución como sugerencia

En Uruguay, como en buena parte de la región, la Constitución fue durante décadas una brújula, un límite, un pacto básico que sostenía el equilibrio entre poderes. Pero ese marco, que debería ser el cimiento más sólido de la vida institucional, hoy aparece tratado por buena parte de la clase política como un terreno elástico, interpretable según conveniencia. No se la viola frontalmente —porque el costo sería alto y visible—, pero se la bordea, se la estira, se la usa como herramienta táctica, no como contrato republicano.

La democracia no suele desvanecerse de un golpe; se desgasta lentamente. Y ese desgaste empieza cuando gobernantes, legisladores y operadores partidarios descubren que pueden avanzar un poco más allá del límite, que la reacción social es moderada, que el control institucional es lento, y que un artículo constitucional puede reinterpretarse sin demasiadas consecuencias. Cada flexibilización se vuelve precedente, y cada precedente normaliza un nuevo margen de maniobra.

Asistimos a un fenómeno peligroso: la política profesionalizada como ingeniería para sortear controles. Donde antes la letra constitucional marcaba un límite, hoy funciona como un desafío. Se designan cargos por afinidad partidaria bajo criterios de “idoneidad” fabricados a medida, se usan mayorías circunstanciales para modificar órganos de contralor, se firmarán convenios y licitaciones urgentes que luego deberán ser revisadas en la Justicia. No hay golpe institucional ni ruptura dramática: lo que hay es algo más sutil, pero igual de corrosivo. Una práctica sistemática de gobernar al filo.

El poder, cuando desconoce la ley, nunca avanza diciendo que la viola: avanza diciendo que la interpreta. Se vuelve experimento de retórica jurídica, laboratorio de tecnicismos. ¿Quién controla al que controla? ¿Quién fiscaliza al que nombra a los fiscalizadores? El problema no es de un partido ni de un gobierno: es estructural, transversal, histórico. La tentación de operar en la penumbra institucional es demasiado grande para quienes descubren que el costo político es bajo y el beneficio inmediato.

Una democracia no cae el día en que alguien la destruye. Cae el día en que nadie la defiende. El día en que dejamos pasar el primer abuso “porque es menor”, el segundo “porque es técnico”, el tercero “porque siempre se hizo así”. Cae cuando el pueblo baja la vara y el poder aprende que no hay sanción, que no hay costo, que puede seguir empujando.

Uruguay necesita un gesto urgente: que la Constitución vuelva a ser frontera, no sugerencia. Que el límite sea el límite y no un obstáculo creativo. Que el poder entienda que gobernar no es burlar el contrato democrático sino honrarlo, incluso cuando incomoda.

La Constitución no es un manual opcional; es el piso. Si ese piso se vuelve blando, todo el edificio democrático se vuelve inestable. Necesitamos Poderes independientes con recursos, medios con coraje, academia vigilante y ciudadanía exigente. Porque un sistema republicano no se defiende solo: se sostiene cuando el límite es respetado no por miedo al castigo, sino por convicción democrática.

Uruguay construyó estabilidad en base a reglas. Si permitimos que el Estado funcione sobre bordes jurídicos difusos, mañana ya no habrá borde: habrá abismo. Y cuando lleguemos ahí, quizá sea demasiado tarde para recordar que la Constitución no era un instrumento para doblar —era el último escudo que teníamos.