Para quienes vivimos aquellos acontecimientos, esta fecha nos provoca un alud de recuerdos y vivencias, que se agolpan en forma desordenada en nuestras cabezas y en nuestros corazones y claman por abrirse camino para ser expuestos, analizados, repensados….
Es necesario dominar los sentimientos e intentar ponerle orden a esta breve presentación.
El Uruguay que hoy conocemos tiene un profundo anclaje en aquellas circunstancias.
Actualmente exhibe una serie de atributos, de los cuales, la gran mayoría nos enorgullecemos. Forjamos una cultura del dialogo y la tolerancia que no es propiedad de ningún grupo político en particular, sino de todos los ciudadanos.
Somos reconocidos como una democracia sólida, no solo en la región, sino a nivel mundial. Gozamos de libertades individuales y colectivas. Libertad de pensamiento, libertad de expresión, calidad institucional que se ve refrendada por la autonomía de los poderes públicos.
Este panorama es diferente al que pretendemos recrear en pocas pinceladas.
Hace 50 años, nuestro país presentaba un estancamiento económico que se venía arrastrando desde mediados de la década de los años cincuenta.
El mundo estaba atravesado por la disputa política, ideológica, económica, militar entre Estados Unidos y la Unión Soviética.
Los países de esta parte del mundo, al igual que en el presente, formábamos parte del área de influencia más directa de los Estados Unidos.
En 1959 triunfó la revolución cubana y ese hecho introdujo un cambio de perspectiva en el movimiento popular latinoamericano.
La revolución representó una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos, que temía por la expansión del comunismo. Sus temores se convalidaron por la llamada crisis de los misiles.
El gobierno cubano alentó la irrupción de movimientos que adoptaron la acción armada como método para acceder al poder. El accionar del ala progresista de la iglesia con la Teología de la Liberación ganó terreno y el asesinato del Che Guevara fortaleció el ideal solidario, de sacrificio y de compromiso en la militancia latinoamericana.
Uruguay no se sustrajo a esa tendencia y a comienzos de los sesenta comenzaron a operar organizaciones armadas, como MLN Tupamaros y luego, el Partido por la Victoria del Pueblo, PVP.
En cada país las circunstancias eran particulares. En Uruguay el gobierno era ejercido por Jorge Pacheco Areco. Ante la creciente movilización popular en reclamo de mejores salarios, contra los aumentos de precio y la presencia de las organizaciones armadas, las respuestas del gobierno fueron autoritarias, limitando libertades de prensa, de reunión y de asociación. Se gobernaba aplicando las llamadas Medidas Prontas de Seguridad.
La movilización popular se canalizó no sólo en los partidos de izquierda, sino también en las alas progresistas de todo el espectro político nacional, incluidos los partidos tradicionales. Esta situación generaba las bases para el nacimiento del Frente Amplio.
El gobierno de Pacheco Areco actuaba utilizando los resortes constitucionales pero durante su mandato entró en escena el Escuadrón de la Muerte y la llamada Juventud Uruguaya de Pie.
Cuando accedió al gobierno Bordaberry el 1º. de marzo de 1972, el clima político estaba muy enrarecido. Las fuerzas armadas fueron convocadas para hacerle frente a las organizaciones guerrilleras y a la creciente agitación social y política. La caída de la llamada Cárcel del Pueblo fue el principio del fin de la guerrilla. Los militares movilizados no reconocían la autoridad del gobierno civil y las presiones por el nombramiento del ministro de defensa fueron en el mes de febrero la antesala para la concreción del golpe de estado del 27 de junio de 1973.
Pero había una estrategia global impulsada por Estados Unidos en el marco de la doctrina de la seguridad nacional.
Estados Unidos alentó la instalación de gobiernos militares que usaron el ejercicio de la violencia para golpear a las organizaciones sociales y políticas populares, recurriendo al asesinato, la desaparición forzada de los opositores, la tortura y la persecución de cualquier forma de resistencia, mediante técnicas de inteligencia e infiltración.
En 1975 se concretó la alianza de los gobiernos militares de América del Sur, a través del Plan Cóndor. Participaron los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
En 1992, salieron a la luz los Archivos del Terror, donde se detallan asesinatos y acciones represivas coordinadas entre estos países.
En la década de los ochentas Estados Unidos asumió que los gobiernos de facto habían dejado de ser funcionales a sus propósitos. Quedaba detrás una historia de horror que conmovió al mundo entero.
¿Qué lecciones se pueden extraer?
Que la democracia es un bien fundamental, pero que no es un bien definitivo. Es algo que debe cuidarse en forma permanente por todas las organizaciones políticas y civiles.
Que los peligros no son solo internos. Los intereses hegemónicos pueden condicionar profundamente el destino de nuestros pueblos.
Que entre los desafíos actuales sobresale el problema de la inseguridad ciudadana asociada al narcotráfico. Y eso demanda respuestas a problemas inmediatos y la construcción de una visión estratégica que represente el interés de naciones que son diferentes a los grandes centros de consumo internacional.
Que debemos asumir los desafíos privilegiando nuestros intereses nacionales, sin perder la perspectiva de una coordinación regional, en un mundo en el que la integración latinoamericana, tal como la soñaron quienes nos emanciparon del colonialismo, sigue siendo una asignatura pendiente y necesaria.
