La diputada nacionalista Leydis Aguilera, primera persona de origen cubano en asumir una banca en el Parlamento uruguayo, presentó un proyecto de ley de regularización migratoria. La iniciativa busca complementar la Ley de Migraciones N° 18.250, vigente desde 2008, y está dirigida a los más de 30.000 solicitantes de refugio que actualmente residen en Uruguay sin poder acceder a una residencia permanente. En entrevista con Diario la R, Aguilera aclaró que no se trata de una norma enfocada en una comunidad en particular, al ser un proyecto de alcance general, realmente de alcance a toda la ciudadanía.
Actualmente, Uruguay cuenta con miles de personas solicitantes de refugio a la espera de una resolución sobre su estatus migratorio. Muchas llevan más de dos años en esa situación. “Eso los tiene en una situación de incertidumbre”, señaló la diputada. “Muchos refieren que se sienten un tanto desprotegidos en el país que les abrió las puertas y les proporcionó al menos iniciar este proceso de refugio”.
El proyecto, de 15 artículos, establece que pueden acogerse a él quienes ingresaron por un punto de control migratorio habilitado, solicitaron refugio y residen en el territorio con ánimo de permanecer, pero no pueden obtener su residencia permanente según la normativa vigente. También pueden ampararse quienes fueron rechazados en su solicitud de refugio.
Un punto clave del proyecto es que “ninguna persona solicitante de refugio podrá ver afectado su derecho a obtener la residencia por arraigo por no haber solicitado u obtenido, en su país de origen o de tránsito, la visa consular normalmente exigible”. Aguilera insistió en que el proyecto no beneficia solo a los migrantes. “Este es un proyecto que va también para las uruguayas y los uruguayos. Responde al compromiso de la ciudadanía”, afirmó. Y argumentó que “Uruguay es un país envejecido, cada año tiene menos nacimientos. Los últimos cinco años han sido más las defunciones que los nacimientos. Uruguay precisa de gente joven y en edad laboral”.
En ese sentido, sostuvo que los migrantes que ya viven, trabajan y aportan “pueden ser parte de esta solución». No son el problema”. Y rechazó el argumento de que regularizar a personas migrantes quite empleo a los nacionales. “La mayoría de los migrantes que vienen acá son profesionales con licenciatura, maestría, doctorado. Es una nutrición no solo cultural, sino también profesional para Uruguay”. Además, recordó que por primera vez en 100 años hay más de 104.000 personas que no nacieron en el país aportando formalmente al Banco de Previsión Social. “El fenómeno migratorio ha experimentado un incremento exponencial y sostenido. Uruguay debe adaptarse”, afirmó.
La diputada enfatizó que el proyecto “no procura abrir indiscriminadamente las puertas, sino que requiere requisitos objetivos y verificables”. Para solicitar la residencia por arraigo se exige ser solicitante de refugio, así como haber ingresado al país con documentación regular, por un punto de control habilitado, sin eludir controles migratorios. Del mismo modo, tener una permanencia ininterrumpida superior a 180 días (seis meses) en Uruguay.
No tener impedimento de ingreso o permanencia según los artículos 45 y 46 de la ley 18.250. No poder regularizar la condición jurídica como residente permanente o temporario al tenor de los artículos 33 y 34 de la misma ley. Además, los solicitantes deben presentar certificado de antecedentes penales, carnet de vacunación al día habilitado por el Ministerio de Salud Pública, foto y documento de identidad con el que ingresaron al país. Quienes transitaron irregularmente por terceros países también pueden ampararse en la ley.
El proyecto contempla tres vías. La primera es la residencia por arraigo laboral, para trabajadores dependientes o por cuenta propia. Deben acreditar empleo formal mediante historia laboral nominada del Banco de Previsión Social y demostrar ingresos. La segunda es la residencia por arraigo familiar, para quienes tengan vínculo con padre, madre, cónyuge, concubino, hijo menor o hijo mayor con discapacidad de un residente legal o ciudadano uruguayo.
En este caso, el gestionante o el familiar que recibe debe acreditar ingresos superiores al salario mínimo nacional. La tercera es la residencia por arraigo para la formación, destinada a quienes cursen estudios en centros habilitados por el Ministerio de Educación y Cultura. Deben demostrar que la carrera o curso dura más de un año. Y que han aprobado las materias requeridas y que cuentan con ingresos equivalentes al salario mínimo.
Aguilera explicó que el proyecto tiene su precedente en el decreto 138/024, que creó el programa de Residencia por Arraigo el 15 de mayo de 2024 con vigencia hasta el 23 de noviembre de 2025. “El decreto no fue derogado, pero con las condiciones actuales no se está aplicando”, aclaró. Además, solo podían acceder quienes habían ingresado al país antes del 23 de mayo de 2024. “Esto no sería un decreto ni una resolución, sería un proyecto de ley que llegaría a convertirse en ley”, señaló. “Dejaría de poner paños tibios y curitas, y sería algo que busca solucionar definitivamente la situación de todas estas personas”. Por eso invitó “a todo el sistema político a acompañarlo”.
Aguilera consideró que el proyecto fortalecería la cohesión social, promovería el empleo formal y previene la explotación laboral. “Si una persona no tiene un documento no puede acceder a un trabajo formal y estable, y eso genera otras situaciones”, explicó.
Junto a esto hizo referencia a un informe del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social para destacar tres impactos positivos de la migración. El impacto fiscal (los migrantes son “contribuyentes ideales” porque se educan en sus países y emigran antes de jubilarse). El aumento de la fuerza laboral (el 75% de los migrantes llegan en edad laboral, muy por encima del promedio mundial). Y el aumento del capital humano y la productividad (la mayoría llega con estudios terciarios o universitarios).
Asimismo, la diputada comentó que el proyecto ingresó a la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Representantes y se encuentra en estudio y análisis. Aguilera señaló que muchas organizaciones de la sociedad civil, así como referentes independientes, se han contactado para apoyar la iniciativa. “Ahora queda en manos del sistema político”, concluyó. “Reitero la invitación a apoyar esta iniciativa, que no es solo para migrantes, es para toda la sociedad uruguaya. Contar con personas que ya viven acá, que ya están insertas en el sistema, que sus hijos van al sistema educativo, que ya aportan y pagan impuestos, que puedan tener su regularización es para todos”.
