La Coordinadora “Somos Anticorrupción Paraguay” presentó durante 2025 más de 1.400 urgimientos ante la Corte Suprema de Justicia para que destrabe expedientes vinculados a hechos de corrupción pública. Así lo informó la activista María Ester Roa, quien sostuvo que las demoras judiciales representan —en numerosos casos— una forma de abuso de autoridad y un obstáculo directo para el acceso a la justicia.
Los urgimientos constituyen pedidos formales para que los despachos judiciales impulsen causas que, pese a contar con etapas procesales vencidas, permanecen paralizadas. De acuerdo con Roa, el volumen alcanzado este año refleja tanto el trabajo sostenido de organizaciones civiles como la persistencia de la mora judicial en procesos donde están en juego recursos del Estado y la responsabilidad de exfuncionarios, autoridades y contratistas.
“Cuando un expediente duerme, pierde el ciudadano”, afirmó la activista, al señalar que en varios casos las demoras superan plazos razonables, lo que favorece prescripciones, debilitamiento de pruebas y desgaste social. “La corrupción no solo se roba dinero: también se roba el tiempo de la justicia”, agregó.
Causas sensibles, procesos lentos
Según el relevamiento de la Coordinadora, los urgimientos abarcan investigaciones administrativas y penales relacionadas con presuntas irregularidades en compras públicas, obras inconclusas, sobreprecios, malversación de fondos y uso indebido de influencias. Muchas de ellas involucran a instituciones del orden central y a gobiernos locales.
Roa remarcó que la morosidad no solo ocurre en juzgados de primera instancia: también se registran atrasos en salas superiores y en la propia Corte, donde —en varios expedientes— la resolución de apelaciones claves se extiende por meses o años. “Las demoras sin justificación clara terminan configurando una forma de arbitrariedad”, sostuvo.
La organización advierte que, mientras los procesos se dilatan, los funcionarios investigados continúan litigando, reacomodándose políticamente o incluso accediendo a nuevos cargos. “Eso erosiona la confianza ciudadana y envía un mensaje equivocado: que el costo de delinquir puede ser bajo si se apuesta al paso del tiempo”, apuntó Roa.
Transparencia y presión ciudadana
“Somos Anticorrupción Paraguay” articula su trabajo con otros colectivos sociales, abogados y periodistas de investigación. El mecanismo de urgimientos, explican, busca presionar institucionalmente sin reemplazar el rol de los jueces. La estrategia incluye seguimiento de expedientes, pedidos de información pública y difusión de casos emblemáticos.
Para la organización, la respuesta del sistema judicial sigue siendo desigual. En algunos expedientes, los urgimientos derivaron en movimientos concretos —audiencias convocadas, dictámenes pendientes o resoluciones firmadas—. En otros, los pedidos quedaron sin respuesta o se contestaron de manera genérica, sin modificar la situación de fondo.
Roa considera que la Corte debe adoptar criterios de priorización para las causas de corrupción, crear plazos perentorios para resolver incidencias y reforzar la trazabilidad pública de los expedientes. “Si cada paso procesal fuera visible para el ciudadano, habría menos margen para dilaciones inexplicables”, afirmó.
Una agenda que no se agota
La activista insistió en que el combate a la corrupción no puede limitarse a declaraciones. Reclamó mayor coordinación entre fiscalías, juzgados y órganos de control, así como sanciones efectivas para quienes utilizan recursos procesales con fines dilatorios. También pidió fortalecer la protección a denunciantes y testigos.
Mientras tanto, la Coordinadora anticipó que mantendrá el monitoreo en 2026. “Seguiremos urgenciando todas las veces que sea necesario. La justicia tardía es injusticia”, resumió Roa.
El debate sobre la mora judicial vuelve así al centro de la escena: con más de 1.400 urgimientos en un solo año, la sociedad civil busca que los tribunales aceleren resoluciones clave en casos donde se juegan dinero público, credibilidad institucional y derechos ciudadanos. El desafío es que el tiempo deje de ser aliado de la impunidad y pase a ser, finalmente, aliado de la ley.
