El presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo, sostuvo que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, recientemente aprobado tras más de 25 años de negociaciones, no puede ser calificado como negativo y se ubica “dentro de lo razonable”, aunque advirtió que existen preocupaciones concretas, especialmente para el sector agropecuario de la región.
En declaraciones a Radio Monumental 1080 AM, Cristaldo explicó que el acuerdo fue seguido de cerca por los gremios productivos y que lo cerrado en la negociación de diciembre de 2024, si se respeta en sus términos originales, podría funcionar en la práctica para algunos productos. Sin embargo, aclaró que el verdadero problema no reside en el texto del acuerdo en sí, sino en las decisiones que la Unión Europea está adoptando de manera paralela y unilateral, fuera del marco negociado.
Según el dirigente gremial, la UE está construyendo un entramado regulatorio que puede interferir seriamente en la aplicación efectiva del acuerdo, sobre todo en lo que respecta a los productos agropecuarios. En ese sentido, cuestionó con firmeza el Reglamento 11/15, que desde Europa se presenta como una normativa basada en preocupaciones ambientales, pero que para los productores del Mercosur funciona en los hechos como una traba arancelaria encubierta y una barrera para el comercio.
Cristaldo advirtió que es necesario diferenciar claramente tres planos: el acuerdo comercial negociado, las salvaguardas y las regulaciones ambientales. Aunque estos elementos están relacionados, no forman parte del mismo compromiso. En particular, alertó que las salvaguardas no fueron negociadas con el Mercosur, sino que constituyen decisiones unilaterales de la Unión Europea que pueden alterar las condiciones pactadas.
Como ejemplo, señaló que, aun cuando se otorguen cupos de exportación con aranceles preferenciales, la UE se reserva la facultad de modificar esas condiciones si detecta una oscilación del 5% en el volumen o en los precios de los productos exportados. En esos casos, puede retirar los beneficios arancelarios, lo que en la práctica implica cambiar las reglas de juego y afectar la previsibilidad que todo acuerdo comercial debería garantizar.
“El acuerdo se trabajó en conjunto, hubo una Cancillería firme defendiendo los intereses del país y no está mal desde el punto de vista técnico”, afirmó Cristaldo. No obstante, remarcó que “en paralelo estamos negociando con tramposos”, en referencia a los mecanismos regulatorios que Europa impulsa por fuera del acuerdo y que, según sostuvo, terminan interfiriendo en su correcto desempeño.
Desde la UGP insisten en que la falta de decisiones basadas en criterios científicos y la proliferación de regulaciones externas ponen en riesgo el equilibrio del acuerdo y generan incertidumbre para los productores, que temen que las ventajas prometidas queden neutralizadas por restricciones posteriores. En ese contexto, reclaman reglas claras, previsibilidad y el respeto pleno de los compromisos asumidos para que el acuerdo pueda traducirse en beneficios reales y sostenibles para el sector productivo del Mercosur.
