El 31 de marzo, medios brasileños informaron que la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) habría realizado tareas de hackeo a sistemas paraguayos para acceder a información sensible sobre Itaipú. Al día siguiente, el canciller Rubén Ramírez Lezcano pidió prudencia, pero dejó en claro que, de confirmarse, se trataría de un hecho “de extrema gravedad”. La noticia cayó como un baldazo de agua fría en Asunción: de inmediato, las negociaciones técnicas quedaron congeladas.
En cuestión de horas, el tema dejó de ser técnico para transformarse en político. El Congreso paraguayo convocó a autoridades de Cancillería y de la binacional para pedir explicaciones. La oposición habló de “violación de soberanía”; el oficialismo reclamó garantías antes de volver a sentarse a negociar. En Brasilia, el gobierno buscó bajar el tono y calificó el caso como una “revisión interna de protocolos”. Pero el daño ya estaba hecho: la sospecha de que un socio estratégico había cruzado la línea desató la peor crisis diplomática en años.
El calendario de Itaipú es implacable. La revisión del Anexo C —tarifas, distribución de beneficios, inversiones— implicaba miles de millones de dólares y definía el futuro energético paraguayo por décadas. De repente, toda la agenda quedó paralizada. Los equipos técnicos dejaron de compartir documentos y las reuniones conjuntas fueron sustituidas por comunicados formales, cargados de cortesía diplomática y silencios incómodos.
Empresarios y gobernadores de frontera alertaron por el impacto de la incertidumbre. Cada semana sin acuerdo sumaba presión política, mientras crecía la sensación de que la desconfianza había pasado a ser el actor principal.
Con el correr de abril y mayo, el clima se enrareció. Legisladores de ambos países intercambiaron acusaciones. En Asunción, se reclamó una disculpa pública; en Brasilia, se insistió en que se trataba de “investigaciones periodísticas no confirmadas”. El presidente Santiago Peña evitó romper puentes, pero endureció su discurso: “Paraguay necesita respeto para negociar”. Desde el entorno de Lula, el mensaje fue que la relación “no podía reducirse a un incidente”.
Mientras la retórica subía, la diplomacia comenzó a operar tras bambalinas. Cancillerías acordaron una hoja de ruta mínima: cooperación judicial, auditorías independientes y canales reservados para reconstruir confianza. El factor regional —comercio, seguridad fronteriza, infraestructura— pesó más que los impulsos coyunturales. La premisa era clara: tensar, sí; romper, no.
Un primer gesto llegó en agosto, con una reunión técnica discreta en Foz de Iguazú. Sin fotos ni declaraciones, ambas partes aceptaron reabrir carpetas y aislar el escándalo del resto de la agenda. Fue el punto de inflexión.
El encuentro entre Peña y Lula, en octubre, selló la nueva etapa. No hubo grandes abrazos, pero sí un mensaje conjunto: compromiso de transparencia, continuidad de Itaipú y mecanismos para prevenir incidentes similares. El comunicado habló de “relación madura” y “entendimiento mutuo”, diplomacia pura para describir un vínculo que se recompuso, aunque ya no del todo ingenuo.
Al cerrar 2025, las negociaciones del Anexo C volvieron a moverse, con calendarios realistas y auditorías compartidas. La crisis dejó lecciones: la interdependencia energética obliga a cooperar, pero la confianza es frágil y tarda en repararse. Paraguay demostró capacidad para plantarse sin romper; Brasil aprendió que la asimetría no legitima el atropello. Ambos entendieron que, en Itaipú, cualquier sombra se proyecta sobre toda la región.
El caso del presunto espionaje no desapareció. Sigue en carpetas judiciales y en la memoria de los equipos técnicos. Sin embargo, la diplomacia logró algo poco frecuente: administrar el conflicto, contener el daño y reconducir la relación.
Así terminó el año: con un vínculo recompuesto, pero más desconfiado; con Itaipú nuevamente en la mesa, y con la certeza de que, entre socios, la transparencia es tan estratégica como la energía que comparten.
