Debate parlamentario

Gobierno e Intendentes analizan rebaja en multas de tránsito

La ministra Lucía Etcheverry y el Congreso de Intendentes evaluaron el proyecto que propone reducir un 50% el costo de ciertas infracciones.

La Comisión de Hacienda, integrada con Transporte de la Cámara de Diputados, recibió este miércoles a la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, junto a representantes del Congreso de Intendentes. El eje del encuentro fue el análisis del proyecto de ley impulsado por legisladores de la coalición, que busca reducir los montos de las multas por exceso de velocidad, una iniciativa que cuenta con el visto bueno general de las comunas pero mantiene ciertos matices técnicos.

En representación del Congreso de Intendentes, Francisco Legnani (Canelones) y Felipe Algorta (Durazno) confirmaron que existe consenso entre los 19 jefes comunales para establecer rebajas en determinadas infracciones. La propuesta principal sugiere un descuento del 50% si la multa se abona dentro de un plazo establecido. No obstante, Legnani aclaró que este beneficio no alcanzaría a faltas críticas como conducir bajo los efectos del alcohol, circular sin casco en moto, omitir el cinturón de seguridad o llevar menores de 12 años en el asiento delantero.

Por su parte, la ministra Etcheverry enfatizó que cualquier modificación normativa debe priorizar la reducción de la siniestralidad en rutas nacionales. La jerarca destacó la efectividad de los radares y mecanismos de fiscalización, señalando que «donde se han colocado, ha habido una disminución importante de los siniestros». Desde la cartera se aboga por un enfoque integral que combine infraestructura, educación vial y una coherencia normativa que evite disparidades entre departamentos.

El proyecto de ley original, presentado por los diputados Conrado Rodríguez, Sebastián Andújar y Álvaro Perrone, propone también una baja del 30% en casos donde se duplique la velocidad permitida. Mientras el Parlamento y el Congreso de Intendentes buscan unificar criterios, la premisa de las autoridades nacionales sigue siendo la protección de los usuarios más vulnerables y la prevención, asegurando que la fiscalización mantenga su rol disuasorio frente a conductas de riesgo en el tránsito.

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