El debate apareció de golpe, pero llevaba tiempo incubándose en el murmullo ciudadano: ¿en qué se gasta el dinero de Itaipú? La chispa se encendió cuando el diputado de Yo Creo, Guillermo Rodríguez, calificó como “superfluo” el servicio de cafetería licitado por la binacional, por un monto cercano a los USD 5 millones. La frase, tan simple como demoledora, abrió una grieta que expuso algo más profundo: la distancia entre los despachos refrigerados y las urgencias del sistema público.
Rodríguez no se quedó en la denuncia liviana. Puso un espejo incómodo sobre la mesa. Recordó que, en el Hospital de Ciudad del Este, el tomógrafo estuvo seis meses fuera de servicio. Seis meses en los que cientos de pacientes del Alto Paraná debieron esperar, resignarse o migrar al sector privado para realizar un estudio básico, a veces decisivo. La reparación —dijo— costaba G. 100 millones, unos USD 15.000: una cifra ínfima en comparación con los millones destinados al confort de oficinas y salas de reunión.
La comparación fue inevitable. De un lado, el café, las bandejas, la logística para eventos. Del otro, diagnósticos pospuestos, derivaciones innecesarias, familias que hipotecan ahorros para pagar un estudio urgente. La crítica apuntó directo al corazón de la binacional: “Itaipú aparece desconectada de la realidad social”, señaló el legislador, y pidió suspender el contrato. El planteo trascendió la coyuntura y se volvió símbolo de prioridades difusas.
En Ciudad del Este, la reacción se mezcló con fastidio. El personal sanitario recordó los meses de improvisación, las derivaciones forzadas, la tensión de trabajar sin herramientas suficientes. “No es ideología —decían—: es sentido común”. Mientras tanto, en los pasillos políticos, comenzaron las defensas técnicas: que el llamado seguía procedimientos, que estaba previsto en el presupuesto, que los servicios de atención interna también son necesarios. Argumentos correctos en el papel, pero endebles frente a la percepción pública de derroche.
Rodríguez insistió en que Itaipú tiene recursos para intervenir en áreas sensibles, especialmente salud, y que necesita “reencontrar su rumbo”. No pidió milagros: pidió orden. Reorientar lo accesorio hacia lo urgente. Dejar en claro que cada dólar invertido responda a un propósito verificable, y no a la inercia administrativa de “así se hizo siempre”. Su reclamo incluyó otro elemento clave: la transparencia. Quién decide, por qué se decide, qué impacto concreto tiene cada licitación.
La discusión tocó una fibra política inevitable. Itaipú, más que una empresa, es un mito nacional asociado a potencia energética y fondos extraordinarios. Pero cuando las prioridades parecen torcerse, el mito se resquebraja. El episodio del tomógrafo desnuda esa tensión: la mega institución capaz de mover millones frente al hospital que ajusta cuentas para reparar un equipo vital. El contraste es tan evidente que, aun sin estridencias, golpea.
En el directorio de la binacional, el ruido obligó a revisar pliegos, explicar contratos, recalcular justificativos. Nadie quiere cargar con el costo simbólico de “haber elegido el café antes que el tomógrafo”. Al mismo tiempo, quedó flotando una pregunta incómoda: ¿cuántas otras licitaciones responden más a hábitos burocráticos que a necesidades reales?
La crónica del episodio deja una lección sencilla y áspera. El dinero público —más aún el de una hidroeléctrica que se percibe como patrimonio colectivo— no admite frivolidades. Un contrato puede ser impecable en términos formales y, sin embargo, ser injustificable frente a la realidad social. El desafío es volver a alinear la brújula: gasto, sí; pero con propósito, impacto y control.
Al cerrar el debate, Rodríguez fue categórico: los directivos y superintendentes deben “dejar de lado lo fútil y concentrarse en lo urgente”. El mensaje interpela más allá de Itaipú. Habla de una cultura de gestión que, cuando se aleja de las necesidades de la gente, pierde legitimidad. Entre una taza de café y un diagnóstico médico, la ciudadanía ya decidió qué considera prioritario. Ahora le toca decidir a la institución.
